Juan J. Molina

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viernes, 19 de octubre de 2012

La crisis cuestiona la figura del funcionario público de por vida, por M. LLAMAS



Las crisis son tiempos de cambios, tal y como está evidenciando la situación española. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria parecía impensable que los empleados públicos sufrieran congelaciones e incluso recortes en sus nóminas o que las plantillas al servicio de las administraciones se redujeran tras largos años de aumento imparable.
Y, sin embargo, esto es lo que ha ocurrido en el último lustro: rebaja salarial, tres congelaciones de nómina consecutivas y retracción de paga extra, lo cual se materializa en una pérdida de poder adquisitivo próxima al 30%, según el principal sindicato de funcionarios (CSI-F); menos días de libre disposición; reducción del sueldo por baja médica; congelación de nuevas plazas, tasa de reposición máxima del 10% anual y extinción de contratos temporales que se refleja ya en una destrucción creciente de empleo público; a lo cual se sumará un nuevo mecanismo para despedir directamente empleados públicos no funcionarios y, muy posiblemente, cambios en la retribución variable de ciertos colectivos según su productividad.
Sin embargo, pese a todas estas modificaciones, España sigue contando a día de hoy con un régimen funcionarial muy diferente al de muchos países europeos. El puesto garantizado de por vida constituye, en gran medida, una excepción que, tras la crisis, empieza a ser cuestionada de forma cada vez más intensa por los expertos. En este sentido, el Gobierno foral de Navarra abrió la espita en 2010 mediante la elaboración de un plan a largo plazo en el que se contemplaba la posibilidad de "eliminar el carácter vitalicio de los funcionarios".
Esta propuesta, pero a nivel nacional, está siendo reclamada de forma insistente por la patronal CEOE y el Círculo de Empresarios desde que comenzó la crisis, poniendo así sobre el tapete un debate que, si bien los políticos españoles rechazan por el momento, la experiencia de otros países europeos demuestra que el particular régimen funcionarial español no es la norma en la UE.

Evolución del empleo público

1. El número de empleados públicos se ha multiplicado casi por cuatro desde la Constitución de 1978, alcanzando en la actualidad3,04 millones, de los que un 55% tiene estatus funcionarial.Desde 1995, el número de empleados públicos ha aumentado en un millón, incremento centrado en las CCAA.
2. Desde el tercer trimestre de 2007 (fin de la burbuja) hasta el tercero de 2011, el empleo público llegó a aumentar un 10% (casi 300.000 empleados más) mientras que el sector privado perdió el 14% de sus ocupados.
3. Sólo una cuarta parte de los empleados públicos está en la Administración Central y Seguridad Social, mientras que tres cuartas partes están en las CCAA, corporaciones locales (CCLL) y empresas públicas.
4. En los 10 años anteriores a la crisis, los gastos de personal del sector público español crecieron a una tasa media del 7% anual.Más de tres cuartas partes del coste salarial de los empleados públicos reside en las CCAA y CCLL.
5. Los sueldos de los empleados públicos consumen, prácticamente, la mitad de todo el gasto público, excluidas prestaciones sociales y servicio de la deuda.

La propuesta del Círculo de Empresarios

Dada la difícil situación económica y la grave crisis de de deuda que sufre España, los analistas del Círculo de Empresarios insisten en que es "prioritario" reducir el elevado gasto "estructural", pero "no sólo del Estado sino también de las Administraciones Territoriales, que representan tres cuartas partes del gasto total excluidas prestaciones sociales e intereses de la deuda".
Por ello, en un documento presentado el miércoles sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2013, insisten en que la solución no radica en subir impuestos, cuyo efecto recaudatorio está "agotado", sino en reducir, sobre todo, el gasto de las CCAA, ya que fueron las principales responsables del desvío de déficit público registrado en 2011 y, hoy por hoy, siguen siendo la principal amenaza para cumplir con los objetivos presupuestarios que exige Bruselas en 2012 (déficit del 6,3% del PIB) y 2013 (4,5%).
Y, entre otras medidas, tales como reformar los servicios públicos y las pensiones (rediseñando el Estado de Bienestar), proponen lo siguiente en materia de empleo público:
1. Reducción de los gastos de personal, ya que representan la mitad del gasto de las Administraciones Territoriales.
2. Para ello, es preciso modificar el estatus, número y sistema de remuneración de los empleados públicos:
  • Flexibilizando el estatus de funcionario y de empleado público, para reservar el "empleo de por vida a aquellos en que se justifique por razón de su función (por ejemplo, jueces, magistrados, diplomáticos, fuerzas del orden público...).
  • Manteniendo la mínima reposición de empleados públicos que se jubilan (1 de cada 10, como máximo, tal y como aprobó el Gobierno).
  • Adaptando los sueldos del sector público a niveles de mercado, ya que la diferencia salarial entre puestos de alto y bajo rango es casi del doble, mientras que en el sector privado la distancia es "incomparablemente superior".
3. Reducir el número y estructura de las empresas públicas y de la administración territorial (evitando duplicidades), así como el número de ayuntamientos y reorganizar los servicios prestados por las diputaciones.

La experiencia de Europa

Así pues, dichos expertos proponen, básicamente, adaptar el estatus de empleado público a la práctica que existe en otros países europeos, en los que el trabajo "no está asegurado de por vida".
Por ejemplo, en algunos países, como Reino Unido y los escandinavos, menos del 10% de los empleados de la Administración Central tiene empleo de por vida; en Alemania menos de la mitad; mientras que en España casi tres cuartas partes.
Igualmente, hay países en donde el contrato de un funcionario puede rescindirse por bajo rendimiento de forma similar al sector privado (Reino Unido o Suecia) o si así lo recoge la legislación (Francia, Holanda o Bélgica).
De hecho, incluso algunos países contemplan la terminación del contrato por razones económicas o estructurales, como Dinamarca, Finlandia, Holanda o Reino Unido, entre otros.

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