Juan J. Molina

Juan J. Molina
Juan J. Molina

lunes, 31 de diciembre de 2012

Qué está pasando realmente en Islandia, de Baldur Bjarnason (traducido por A.k.a. Gabriella Campbell)




Qué está pasando realmente en Islandia

Porque estoy harto de que andéis difundiendo cosas que no son verdad

Dado que la gente sigue difundiendo la dudosa afirmación de que Islandia "le dijo a sus acreedores y al FMI que se fueran a la mierda, nacionalizó a los bancos, arrestó a los timadores, condonó las deudas y ahora está creciendo con fuerza, gracias", siento que tengo que escribir esto.

(Este ejemplo en concreto viene de Twitter, pero es casi idéntico, palabra a palabra, a este mantra que se está repitiendo hasta la saciedad: "Islandia es una utopía económica").

Porque, por alguna razón, la gente no cree a los islandeses cuando dicen que esa no es exactamente la realidad que está viviendo la mayoría de los ciudadanos de su país.


1. Islandia le dijo al FMI que se fuera a freír espárragos, abandonó el programa del FMI, etc.

No, no lo hizo. Echadle un vistazo a la página del FMI sobre Islandia y leed los informes (en inglés) aquí.

¿Demasiado largo? Mala suerte. No afirmes que sabes qué relación hay entre Islandia y el FMI hasta que lo leas entero.

Aunque lo miréis solo de pasada, deberíais daros cuenta de que Islandia no ha expulsado al FMI del país, y que de hecho el FMI alaba a Islandia y a nuestro gobierno; aseguran que hemos seguido sus consejos a rajatabla. Hay más detalles ahí, si leéis en los demás archivos encontraréis algunos hechos tan interesantes como que, en algunos casos (sobre todo en lo referente a los bancos), Islandia ha sido incluso más liberal de lo que el FMI había recomendado.


2. Islandia mandó a sus acreedores a freír espárragos

Sí y no. Islandia no rescató a los bancos caídos, pero no fue por falta de intentonas. Si te lees el informe de la Comisión de Investigación Especial averiguarás que el gobierno islandés hizo todo lo que pudo para rescatar a los bancos; hasta solicitó créditos ridículos para cubrir sus deudas.

Podéis leer el informe aquí.

Por desgracia, la mayor parte del informe (y la mayor parte de lo realmente jugoso, a mi juicio) solo está disponible en islandés. La versión islandesa completa está aquí.

Así que la realidad del asunto es que Islandia hizo todo lo que pudo para intentar salvar a los acreedores. La única razón por la que no pudimos es porque el gobierno islandés, entonces y ahora, es totalmente incompetente.

Cosas muy tontas que los altos cargos islandeses hicieron mientras intentaban obtener apoyo internacional (todas mencionadas en el informe):

  • Decir que una respuesta positiva (pero que no se comprometía a nada) de los rusos era en realidad un acuerdo de préstamo, con lo que conseguimos cabrear tanto a los estadounidenses como a los rusos. Resultado: Ningún préstamo de ninguno de ellos.
  • No cogerle el teléfono a Alistair Darling (el ministro de finanzas del Reino Unido en aquel momento). Lo tuvieron al teléfono, esperando, tal cual, y luego le dijeron que llamase más tarde y le colgaron.
  • Anunciar en directo, en televisión, que no íbamos a ayudar a los acreedores, salvo a aquellos que tenían depósitos, mientras a la vez estábamos negociando para conseguir capital para rescatar a dichos bancos. Luego, tener que retractarnos para intentar que la UE nos echara una mano.
  • Mentirle al gobernador del Banco de Inglaterra y al presidente del Banco Central Europeo acerca de la situación real de nuestros bancos.

Y mucho más. Todo en el informe especial. Léelo si te importa lo que ocurrió en Islandia. La versión corta de toda esta historia es que intentaron rescatar a los bancos, salvar a los acreedores, y la cagaron por completo.

Otras cositas interesantes de este informe: Los ministros islandeses que recibieron bastante dinero "gratis", "sin compromiso" de los bancos y de los jugadores clave de la burbuja bancaria y su consiguiente colapso no son las mismas personas a las que ahora se ha condenado por fraude o tráfico de influencias. A excepción de dos personas:

-Un jefe de departamento (tocayo mío), que vendió todo su stock al poco de asistir a una reunión acerca del estado de los bancos, ha sido condenado por tráfico de influencias (Baldur Sakfelldur). La única razón por la que se le ha imputado es porque fue demasiado idiota como para borrar las huellas del delito.
-Y Lárus Welding, quien algunos consideraban una pieza clave y a quien se menciona varias veces en el informe, fue condenado ayer y pasará seis meses en la cárcel, además de tres meses de libertad condicional. Se queda con todo el dinero y va a recurrir la sentencia. Teniendo en cuenta las inclinaciones políticas del Tribunal Supremo, su condena no es del todo segura. La condena que recibió en los tribunales inferiores ya es muy inferior de lo que pedía la fiscalía, así que la cosa no pinta bien. (Aquí os dejo un enlace más reciente sobre su condena. Siempre podéis intentar traducirlo en Google Translate y asentir con la cabeza escuchando el vídeo, haciendo como que lo entendéis).

En cuanto al primer ministro, se le declaró culpable por negligencia, pero no recibió ningún tipo de condena por ello. Nada de cárcel, ni multa, nada. Diría que es un cabeza de turco si no fuera porque escapó completamente ileso. Aquí tenéis un enlace de The Guardian:Iceland ex-PM Geir Haarde cleared of bank negligence. En principio este artículo de The Guardian se titulaba Iceland ex-PM Geir Haarde found guilty of banking crash failure(Declaran culpable al exprimer ministro de Islandia, Geir Haarde, por su fracaso frente a la caída de los bancos), que fue el titular que se compartió en Twitter, aunque era, de hecho, totalmente lo opuesto a la realidad. (Otro enlace aquí: Former Icelandic Prime Minister Geir H. Haarde found not guilty).

En cuanto a los demás condenados a día de hoy, son a la burbuja bancaria islandesa lo que Bernie Madoff es para Goldman Sachs: timadores que se aprovecharon de la situación pero que no fueron piezas clave ni en la burbuja ni en su explosión.

Es un poco como arrestar a un teniente nazi mientras Hitler y Goebbels todavía andan por ahí. ¿Qué queréis que diga? ¿Bien hecho? ¿Realmente no es gente importante pero supongo que es un comienzo? ¿Debo darles una palmadita en la cabeza y decir "ya tendréis mejor suerte la próxima vez"?

Pollas a eso*

(Todo esto hace referencia también al punto 3: Islandia arrestó a los timadores, lo que deja en evidencia que esta afirmación simplemente no es verdad. Islandia arrestó a algunostimadores: los peones, los don nadies, los lacayos).


4. Islandia nacionalizó a los bancos

Esto sí es verdad. Pero resulta que luego los privatizó de nuevo, en un tiempo récord. Dos de los tres mayores bancos colapsados de Islandia ahora están en manos de los acreedores. ("Pero yo pensaba que Islandia jodió a sus acreedores..." ¡Ja! Ya, qué gracioso, ¿verdad?). El tercero de esos bancos, Landsbanki, todavía está en manos del Estado, pero es solo por todos los casos jurídicos relacionados con Icesave (luego hablamos más sobre ese tema).

Muchos de los acreedores vendieron sus participaciones a fondos de cobertura y cosas así. De nuevo, usa Google Translate con ese artículo si te interesan los hechos.

Así que Islandia no solo volvió a privatizar su sistema bancario, sino que lo vendimos fuera del país.


5. Islandia perdonó deudas

La respuesta a esta afirmación es sí, pero no realmente. La mejor forma de entender lo que ocurrió aquí es esforzarse por no ser un idiota sin idea de números que se niega a acudir a las fuentes originales. Ya lo sé. Es difícil. Pero inténtalo. Hará feliz a tu madre.

Se han condonado muchas deudas aquí, sí. Por ejemplo, al 1% más rico de la población se le ha perdonado casi toda su deuda. ¿No es un detalle por parte de los bancos?

Para el resto de nosotros, la cosa se complica bastante más. La deuda de los hogares islandeses tiene dos formas:

A) Préstamos en divisas.
B) Préstamos vinculados al IPC.

Los préstamos del tipo A se doblaron, o más, durante el colapso. Aquellos que debían un millón acabaron debiendo dos millones, etc. Ha habido cierta condonación aparente para este tipo de préstamos porque eran, de forma flagrante, ilegales.

La rutina ha tomado la siguiente forma, de lo más idiota: Una Islandia en bancarrota lleva a un banco a juicio porque el préstamo es ilegal (2011) (2012). La justicia obliga al banco a rebajar el préstamo. El gobierno insiste en que la decisión del juez no sienta un precedente, y fija una ley que limita hasta qué punto puede perdonarse la deuda. Un ejemplo. Entonces, un islandés casi en bancarrota lleva al banco a los tribunales porque su préstamo era ilegal, y por tanto la legislación relacionada impuesta por el gobierno, que hemos mencionado, es ilegal, con lo que gana el caso. (Otro ejemplo). Y así una y otra vez. El gobierno islandés ha combatido la condonación de deuda de todas las formas posibles, con todos sus recursos y herramientas. Han sido, en todos los sentidos, compinches del sistema bancario.

Los préstamos de tipo B son un poco más complicados y requieren de una explicación más larga. Normalmente, cuando un préstamo está vinculado al IPC (algo bastante raro de por sí en otros países), sus pagos aumentan acorde a la inflación.

Pero el sistema islandés es diferente. Si pides prestado 100 000 kroner y pasa un año con una inflación del 10% (algo no del todo inusual en nuestra era post-colapso económico, en la que la inflación ha estado entre un 4% y un 20%), eso significa que al final del año esos 100 000 se convierten  en 110 000, aunque ya hayas estado pagando interés. Esto se traduce en que si tu hipoteca es de tipo B, nunca conseguirás pagarla, porque en toda su historia la moneda islandesa no ha tenido jamás una inflación baja.

El kroner islandés apareció allá por 1922, en condiciones de igualdad con la krona danesa, y desde entonces ha perdido un 95,95% de su valor. La inflación es una característica endémica y permanente de Islandia.

La mayor parte de los préstamos en Islandia son de tipo B, vinculados al IPC.

Hubo un programa de condonación de duda llamado "la regla del 110%" que rebajaba cualquier hipoteca que estuviera por encima del 110% del valor de la propiedad al 110% del valor de la propiedad. Aquellos que estaban ahogados seguían ahogados, esta regla no los ayudaba mucho, ya que al cabo de unos meses volvían a la misma situación en la que estaban al empezar.

En total, la condonación de deuda para los hogares islandeses suma unos 196.3 billones (de los anglosajones, es decir miles de millones) de kroner islandeses, mientras que los préstamos de este tipo han crecido en 360 billones de kroner desde septiembre de 2008, debido a la vinculación entre estos préstamos y el IPC. (Fuente).

En resumen, los hogares islandeses están ahora peor de lo que estaban, no mejor, y estos programas de condonación de deuda eran poco más que manipulación política destinada a conseguir votos, nada que ver con una amnistía en condiciones como pedía el movimientoOccupy. (Más enlaces sobre préstamos islandeses: 1 y 2).

Lo más gracioso del sistema de préstamo islandés es que solo los idiotas pedían préstamos ligados a monedas extranjeras. Cualquiera con una mínima educación económica que se sentara a hacer números vería que los préstamos con moneda extranjera serían un riesgo estúpido, así que toda la gente sensata, la gente que no ha recibido apenas condonación de deuda, pidió préstamos ligados al IPC. Los idiotas y los irresponsables pidieron préstamos asociados con monedas extranjeras y ahora se les recompensa con una parte desproporcionadamente grande de la muy escasa condonación de deuda.

Una y otra vez, se castiga a los sensatos y a los fiscalmente responsables en Islandia.


6. Islandia ahora disfruta de un gran crecimiento

A no ser que seas del tipo de persona que mira a un niño con leucemia y dice "mira al pequeño y calvito Charlie, mira con qué fuerza está creciendo", entonces tengo que decir que no. Sobrevivir no es crecer con fuerza.

La inflación de 2012 es aproximadamente de un 4%, para 2011 fue de 5%. Se estima que creceremos un 2,7% en 2012, el crecimiento en 2011 fue de un 2,6%. (Fuentes, 1 y 2). Para los que no entendáis de números, estas cifras nos indican que la economía islandesa no está avanzando. Este no es un crecimiento fuerte ni sano. Esto es mera supervivencia, no morirse (apenas). Sobre todo cuando ves los números que aparecen aquí y aquí, que nos demuestran que la mayor parte del crecimiento proviene de una burbuja inmobiliaria que se está hinchando en Islandia. Las empresas no se están recuperando (más enlaces al respecto aquí y aquí). Tened en cuenta también que este crecimiento lo estamos midiendo en kroner islandés, que tiene un valor del 20-50% de lo que valía en 2008, lo que a su vez implica que estos pequeñísimos índices de crecimiento no son más que errores de redondeo en el colapso islandés, por lo menos desde el punto de vista de monedas extranjeras.


7. Icesave

Esta es la raíz de todas estas chorradas. La versión corta de la historia es que Landsbanki, que estaba a cargo del timador convicto Björgólfur Guðmundsson (lo cual ya de por sí tendría que haberos servido de advertencia), creó un plan de cuentas de ahorro de lo más sospechoso, que prometía beneficios poco realistas en el Reino Unido, Holanda y otros países; le sacó dinero a un montón de idiotas avariciosos, se declaró en bancarrota y el dinero fue a parar a Dios sabe dónde.

Podéis leer un resumen más o menos decente acerca del tema Icesave en wikipedia.

Por cierto, a Björgólfur y su hijo no los han condenado, a pesar de ser piezas clave en la burbuja bancaria y su colapso posterior.

El Reino Unido y otros gobiernos procedieron al pago de todos los depósitos con prontitud, sin limitarse al mínimo garantizado por la ley, y entonces se dieron la vuelta y le exigieron a Islandia que les devolviera el dinero, con intereses desorbitados.

Islandia dijo que sí. El gobierno islandés dijo que sí, pero añadió un par de cláusulas de lo más razonables, en relación a los tipos de interés y las formas de pago y tal, y le mandó el acuerdo de vuelta a los británicos y a los demás.

Los británicos dijeron que no. O nos pagáis todo, con tipos de interés ridículos incluidos, u os vais a enterar.

Así que Islandia dijo que sí, de nuevo. El gobierno y el parlamento aceptaron estos términos surrealistas, a pesar de grandes protestas por parte de la ciudadanía islandesa. El presidente se negó a firmar el acuerdo, y obligó a que se celebrara un referendo. Los islandeses rechazaron el acuerdo, por aplastante mayoría.

Y así siguió la cosa durante un tiempo, y con cada nueva propuesta los islandeses se negaban a pagar. Al final los británicos y el resto se rindieron, y ahora están llevando a juicio al gobierno islandés en varios tribunales distintos para intentar conseguir sus famosos intereses.

Algunas notas al respecto:

  • El gobierno islandés siempre ha aceptado la demanda de los holandeses, británicos y etc. Está de acuerdo con que los islandeses tenemos que pagar.
  • Los votantes no están de acuerdo, y solo tienen la oportunidad de opinar en este sentido porque el presidente está empeñado en que todo el mundo olvide que es un compinche de los bancos, y que colaboró con ellos hasta el colapso.
  • Icesave se está pagando, pese a lo que digan los votantes. Lo que se está discutiendo no es más que el nivel de los tipos de interés (Bretar fá greitt). Iceland no se ha negado a pagar Icesave, de hecho la mayor parte de la cantidad ya se ha pagado, y el gobierno pretende pagar el resto. Tanta discusión y referendo no ha sido más que para ver si pagábamos intereses abusivos o no.
Y hay más...

Podría seguir hablando sobre como el querer cubrir la deuda de los hogares de los islandeses se está comiendo una parte cada vez mayor del presupuesto de cada ciudadano, de como han bajado nuestros ingresos, de como los recortes del gobierno han afectado a la calidad de nuestros servicios, tanto en el caso del sistema sanitario como en la educación. Podría hablaros de como el gobierno islandés se ha tragado por completo el mito ese de la austeridad. Podría hablaros de como se ha desmantelado nuestro estado de bienestar... de como los mayores se están muriendo de hambre o de como no se está ayudando a los pobres. Podría hablar de la fuga de cerebros, de la huida de los especialistas de nuestro país. Podría hablar de como ha disminuido la selección de productos en nuestras tiendas de alimentación. Podría hablar de la crisis política, por la que ningún partido político se atreve a hacerle frente a los bancos. Podría hablar de como los bancos se expanden de nuevo, de como están jugando otra vez al mismo juego que nos llevó a la burbuja bancaria. Podría seguir y seguir, pero si no habéis estado escuchando hasta aquí, nada más de lo que pueda decir os convencerá.

Claro que esto también podría ser porque eres un idiota que se niega a enfrentarse a los hechos, pero por fortuna eso de ser imbécil es un lastre que tienes que llevar tú, no yo.


FINALMENTE, ¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?

¿Por qué se están difundiendo todos estos mitos sobre Islandia? ¿Por qué cree la gente que Islandia es un paraíso progresista cuando en realidad es un sueño húmedo a lo Thatcher? ¿Por qué está el movimiento Occupy poniendo a Islandia de ejemplo de cómo deberían hacerse las cosas?

No lo sé. Mi teoría, viendo los nombres de aquellos que parecen ser las fuentes de los mitos más ridículos, es que hay un grupo de islandeses que le están mintiendo descaradamente a los extranjeros.

Puede que estén haciendo esto para consolar su propio orgullo nacionalista herido, tal vez se han convencido a sí mismos de que todo esto es cierto, y que Islandia es, realmente, grande y única. Puede que sea porque encuentran algún beneficio en el hecho de mentirle a extranjeros crédulos. Al fin y al cabo, esto último se convirtió en deporte nacional durante la burbuja bancaria, y ha sido una táctica islandesa habitual a lo largo de los siglos, pero no puedo descartar tampoco la participación del patriotismo idiota en todo este sinsentido.

No lo sé. Lo único que sé es que os están mintiendo, y que a los islandeses se les da muy bien mentirse a sí mismos. Si no fuera así, no estaríamos en este lío.

NOTA: Este no es un simple post de blog sobre economía. Hay cosas que no están abiertas a la interpretación: enseñar los registros públicos, mostrarle a la gente qué legislación se aprobó y cuál no, qué casos se ganaron y cuáles se perdieron en los tribunales, qué decisiones tomó y no tomó el gobierno... esto no es economía y no es subjetivo. Puedes debatir acerca de los efectos a largo plazo de la legislación aprobada (y hay un debate ahí importante), pero no puedes debatir los hechos básicos de lo que se hizo y de lo que no se hizo.

Lo único debatible en este artículo es si piensas que los números de crecimiento son positivos o no (si crees que dichos números son prometedores, entonces eso me dice que no entiendes la crisis de pensiones en Islandia, el colapso inminente de los fondos nacionales para la vivienda, o la burbuja inmobiliaria en expansión, pero reconoceré que son cosas que se pueden debatir. Lo demás, no. Son cosas que hizo el gobierno islandés, y cosas que no hizo. Hay registros de estas acciones).

(Fin del artículo)


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Notas de traducción:

*El original era Bah, humbug. Que viene a ser lo que yo he traducido, con un ligero toque granadino. Para los no andaluces sería "pues una mierda" o "vaya gilipollez". Proviene del genial Cuento de Navidad de Dickens, de boca del personaje Ebenezer Scrooge, a quien la Navidad no le mola nada de nada.

-Mil gracias a Alberto Mérida, Vincent Vega y a Fqubed por solucionarme las dudas de traducción sobre los tipos de préstamos.
-Otro enlace en español sobre el tema de Islandia aquí, en el blog de Ciencias y cosas.
-Uno más antiguo que desconocía, en la web de ATTAC.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Argentina: El gobierno perdió el monopolio del saqueo,por Roberto Cachanosky




¿Quién no ha visto con preocupación los saqueos de los últimos días, trayendo a la memoria lo ocurrido en la crisis del 2001 y 2002? En rigor, los saqueos a los supermercados, comercios, estaciones de servicios, etc. nos impresionan por la violencia con que se hacen. Ver a la gente entrar a los supermercados rompiendo todo y robando de todo usando la violencia nos hace pensar en una crisis social, por más que se hagan todo tipo de especulaciones si esos saqueos son organizados de un lado o del otro.
Sin embargo, esos saqueos que vemos por televisión o personalmente (me ha tocado ver en vivo y en directo un saqueo en el 2001 viajando a Rosario en un supermercado a la altura de Campana) son, a mi juicio, la expresión última de un país que vive del saqueo. Es más, en la supuesta bonanza de la fiesta de consumo, hubo saqueos de todo tipo pero nadie los advertía porque la violencia del saqueo se ejercía “ordenadamente” vía el estado.
Desde hace décadas Argentina tiene un sistema de organización económica de saqueo generalizado, entendiendo por saqueo, apropiarse por la fuerza de algo que a uno no le pertenece. Ese sistema de saqueo organizado por el Estado, fue profundizado hasta límites insospechados por el kirchnerismo.
El sistema económico argentino no está basado en la cooperación pacífica y voluntaria, por la cual mi progreso depende de hacer progresar a mis semejantes. Es decir, generar ingresos produciendo algo que la gente necesita, en la calidad y precios que el consumidor está dispuesto a pagar. ¿Cómo funciona este sistema de cooperación pacífica y voluntaria? Muy sencillamente. El estado se encarga de que impere el respeto por los derechos de propiedad y mantiene la disciplina monetaria y fiscal. Bajo esas condiciones, los empresarios invierten a riesgo buscando satisfacer las necesidades de los consumidores. Pueden tener éxito o no, y el éxito dependerá de haber generado algún bien o servicio que la gente demande.
A su vez, en un país con inversiones, la gente tiene puestos de trabajo y cobra salarios, que irán creciendo en la medida en que aumente la productividad gracias a un mayor nivel de inversiones, lo cual lleva a más consumo y mejor calidad de vida.
Pero no es este el sistema que rige en Argentina. Los ingresos de los diferentes sectores se logran, en muchos casos, en base al saqueo. El estado, utilizando el monopolio de la fuerza, le otorga rentas extraordinarias a sectores empresariales para que estos obtengan ganancias que no hubiesen obtenido en condiciones de libre competencia. ¿Quién paga esa renta ilícita? El consumidor, que, por el cierre de la economía (vivir con lo nuestro) y otros mecanismos, puede acceder a menor cantidad de bienes, de peor calidad y precios más altos.
Para compensar ese perjuicio, el estado suele otorgar aumentos de salarios por decreto, o forzar incrementos salariales más allá de lo que permite la productividad de la economía, con lo cual, el consumidor que fue saqueado es compensado con otro saqueo a su favor. Dependiendo de la fuerza que tenga cada sector en cada momento, una vez gana uno sector y otras veces otro, pero siempre en forma transitoria.
Pero ahora se han agregado los famosos planes sociales en nombre de la justicia social, que de justicia no tienen nada y mucho de robo legalizado. Amplios sectores de la sociedad se sienten con derecho a que otros sectores los mantengan. Esa política requiere de recursos que el estado obtiene saqueando a las empresas y trabajadores con una mayorcarga tributaria. Saquea a unos para financiar el mantenimiento de otros.
El kirchnerismo también saqueó el sistema energético para no mover las tarifas, pero como nada es gratis en economía, tuvo que financiar ese precio subsidiado con impuestos primero y luego, cada vez con más emisión monetaria. El estado saqueo los ahorros que la gente tenía en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para financiar la fiesta de consumo, para que la gente consumiera sin producir o consumiera más allá del ingreso real. Saqueo el transporte público con tarifas artificialmente bajas y, como contrapartida, saqueo el bolsillo de la gente con más impuesto inflacionario para financiar las tarifas baratas. Según el gobierno, esas tarifas baratas eran buenas porque permitían que la gente tuviera más plata en el bolsillo para consumir, hasta que la semana pasada Randazzo nos informó que los boletos de colectivo y trenes aumentaban el 40%. El preludio de que cada vez hay menos recursos genuinos para que el estado saquee.
Hasta ahora esta maraña de saqueos cruzados que hizo el Estado no generó grandes conflictos sociales porque el mundo ayudaba con la santa soja y, además, se consumía el stock de capital (destrucción del sistema energético, transporte público, rutas e infraestructura en general). Pero el saqueo existió y fue liderado por el estado. Digamos que el saqueo, hasta la semana pasada, era monopolizado por el estado y distribuía ese botín a gusto y placer.
El problema es que ya no hay más recursos para saquear tan fácilmente sin que se produzcan reacciones. Como en todos estos años el gobierno desestimuló la inversión y estimuló el consumo, saqueando a diestra y siniestra con el sistema impositivo, la inflación y el consumo de stock de capital, todo parecía maravilloso.
Pero como ahora queda muy poco para saquear, la gente se enfurece y comienza a saquear por mano propia. Digamos que la misma dinámica del modelo llevó a que el estado perdiera el monopolio del saqueo y por eso tiene que salir a reprimir.
Ya no hay más un tipo de cambio real alto que actúe como protección arancelaria a favor del modelo de sustitución de importaciones. Ya no pueden otorgarse aumentos de salarios por encima de la tasa de inflación. Ya no quedan tantos activos líquidos para saquear y financiar el consumo y los planes sociales. Ya no queda tanto espacio para financiar un gasto público desorbitado e ineficiente que regala casas, computadoras, planes sociales, energía barata, etc.
El famoso modelo de saqueo generalizado ha agotado la economía. No hay inversiones para producir y crear puestos de trabajo porque el sistema de saqueo llevado a su máxima expresión por el cristinismo ha dejado anémica a la economía. Hay muy escasa demanda laboral, salarios reales que caen por la inflación y la presión tributaria. La gente descubre que la fiesta de consumo de todos estos años tiene un costo y el estado, aunque quiere hacerse el distraído, no tiene valor para decir que se acabó la ficción y que ahora la población tiene que pagar el costo de la fiesta de saqueo.
En síntesis, yo diría que los saqueos a los supermercados son la continuidad del saqueo organizado por el gobierno. Lo que pasa es que antes el gobierno utilizaba el monopolio de la fuerza para saquear, y digamos que era una especie de saqueo organizado. Ahora el saqueo es desorganizado. Como el estado no puede responder a las demandas de saqueo de la gente, entonces la gente saquea por su cuenta. El dilema, entonces, no es que haya saqueos, sino que el gobierno perdió el monopolio del saqueo.
Este artículo fue publicado originalmente en Economía para Todos (Argentina) el 24 de diciembre de 2012.

martes, 18 de diciembre de 2012

Los ahorradores se organizan de espaldas a la banca en Gran Bretaña

España y sus enemigos, por JAVIER BENEGAS


Cicerón denuncia a Catilina en una sesión del Senado
 Con la sangre de Julio César aún fresca sobre las losas del Foro,Marco Tulio Cicerón, que nada había tenido que ver con su muerte, instó a los ciudadanos romanos a aprovechar el vacío de poder para reinstaurar la República. Y en el mismo lugar donde había tenido lugar el magnicidio, y ante el estupor de un pueblo romano ya demasiado acostumbrado a la servidumbre, Cicerón, anciano y libre por fin de toda indecisión, pronunció memorables discursos en defensa de la sagrada causa de la Libertad y, también, sus 14 Filípicas contra el usurpador Marco Antonio –"¡Que sean otros quienes vivan como esclavos! Nosotros los romanos rehusamos hacerlo. Si no podemos lograr la libertad, muramos"–. Consciente del estado de postración del pueblo, Cicerón no sólo apeló a los aletargados corazones de los romanos, sino que al mismo tiempo procuró lograr el apoyo de César Octaviano, heredero de Julio César y de quien él mismo era valedor, y Marco Emilio Lépido.
Pero Octavio y Lépido, lejos de sentirse tentados por las palabras del anciano orador y sumarse a la causa de la República (de la que sospechaban prescindiría de ellos tarde o temprano), optaron por reunirse en secreto con Marco Antonio y, mediante acuerdo, repartirse el imperio. Aquel pacto trajo aparejada la perdición de Cicerón, cuyo postrero esfuerzo por defender la libertad del pueblo romano le había convertido en el último obstáculo que separaba a aquellos hombres poderosos de sus ambiciones. Poco después, el ilustre orador, jurista, escritor y filósofo, fue asesinado en la localidad de Cajeta (hoy conocida como Gaeta), donde, consciente de que su final estaba cerca, había buscado descanso.
Sirvan estos acontecimientos, que tuvieron lugar hace ya más de 2.000 años, para explicar cómo las fuerzas antagónicas de un Estado prefieren siempre avenirse al pacto y al reparto del poder antes que combatir entre sí.
La clase política, el “establishment” y “lo público”
En los tiempos de Cicerón, las conspiraciones eran lideradas por personajes con nombre y apellidos, que pagaban con sus bienes y haciendas, y frecuentemente con su vida y las de sus más allegados, el fracaso de sus maquinaciones. Entonces era relativamente fácil para el historiador, y para el público en general, distinguir a los hombres buenos de los malvados; a los nobles de los mezquinos. Y esta clara separación entre el bien y el mal servía a los escritores para crear hermosos dramas y tragedias, cuya ejemplaridad, de cuando en cuando, sacudía las conciencias.
Hoy, las facciones que pugnan por el control del Estado han devenido en grupos y colectivos sin liderazgo, en los que sólo hay nomenclatura. Y lejos de existir héroes dispuestos a hacer frente a los villanos, proliferan los  antihéroes y los oportunistas. En estos cuerpos sociales amorfos e impersonales, el gregarismo y el anonimato mandan, permitiendo a las personas defender sus intereses de grupo sin tener que meditar sobre lo que es correcto y lo que no y sin asumir individualmente los costes de sus decisiones o la vileza de sus actos. De ahí que sea incorrecto aludir sólo a laclase política cuando hablamos de la Casta, pues ésta es mucho más amplia y se distribuye en tres cuerpos sociales enemigos de la España abierta: La Clase política, el Establishment y lo Público.
La Clase política es, de los tres cuerpos sociales o súper clases, el más consciente de que el actual statu quo depende del pacto entre estos tres grupos principales. Por ello, sus reformas aprietan pero no ahogan y se quedan siempre cortas. Su pragmatismo insufrible, que llaman consenso, anula cualquier posibilidad de cambio e impide la imprescindible transformación de España en una sociedad abierta capaz de superar esta crisis.
El Establishment, que influye y mucho en la economía y, por tanto, en las decisiones políticas, está formado por las grandes corporaciones, especialmente aquellas que controlan los sectores llamados estratégicos, y la gran banca, y también por cierto tipo de empresarios que viven del favor administrativo. Todos ellos constituyen una élite por naturaleza antagónica a los sistemas de libre acceso y sus intereses son incompatibles con los principios de la economía abierta. La relación entre el establishment y clase política es muy estrecha. De ahí que la híper inflación legislativa, las trabas administrativas y las dificultades burocráticas no sean fruto de la impericia del legislador, sino un mecanismo de control que limita el acceso al Mercado, a la Política y a la Justicia de los pequeños agentes en beneficio de los grandes agentes y las oligarquías locales.
“Lo público” es el resultado de suplantar el concepto de “servicio público” por el de “estructura pública”. Un proceso mediante el que un considerable número de personas, con el fin de mantenerse a salvo de las contingencias materiales que asolan a los demás ciudadanos, impone la proporcionalidad entre las prestaciones que reciben los ciudadanos y el derroche, el bienestar y los derechos adquiridos, no siempre legítimos, de quienes, de una forma u otra, sirven al Estado. Esta desnaturalización del concepto de servicio público ha desembocado en la corrupción, la acumulación de privilegios, la falta de transparencia y el endeudamiento descontrolado. De tal suerte que “lo público” es hoy el negocio de una minoría, la arcadia de muchos y ruina para la gran mayoría.
Durante más de tres décadas, estos tres grupos, que han trascendido a las tradicionales clases sociales, se han repartido los recursos del Estado, tal y como Marco Antonio, César Octavio y Marco Emilio Lépido se repartieron el Imperio romano; es decir, constituyen un triunvirato anónimo y adaptado a los nuevos tiempos. Y a su sombra prosperan, se multiplican y conspiran los verdaderos enemigos de España; decenas de miles, o quizá millones, de hombres y mujeres que pugnan y cooperan entre sí para hacer del Estado su particular arcadia o negocio. Difícil combatir a semejantes ejércitos confabulados y desmontar este reino de Césares anónimos, donde sólo prosperan aduladores y cazadores de prebendas a quienes la Libertad no interesa. Sin embargo, la Historia no ha terminado.
Fuente: http://vozpopuli.com/blogs/1942-javier-benegas-espana-y-sus-enemigos

lunes, 17 de diciembre de 2012

El Estado sin autoridad. Constitucionalismo versus anarquismo, por Albert Esplugas



Concepciones anarquistas sobre la cuestión del contrato social




En su defensa del Estado democrático algunos van más allá de considerarlo un mal necesario al pretender que gobierna legítimamente sobre la base de un contrato social que nos compele a todos o una cesión de derechos por parte de sus súbditos. Se arguye que la Constitución es una suerte de contrato entre los ciudadanos y el Estado, que la gente aprueba el sistema cuando participa en las elecciones o permanece en territorio nacional en lugar de marchar al exilio. Sin duda es comprensible en algunos liberales minarquistas este afán por justificar éticamente el Estado democrático a partir de los derechos de los individuos, pero la entelequia contractual sólo contribuye a restar seriedad a su tesis y a oscurecer el debate. No es que piense que otros enfoques vayan a tener éxito justificando el Estado, pero quizás hay modos más sensatos de abordar la cuestión y avanzar en la discusión que apelando a sofismas de este género.
¿El Estado democrático tiene derecho a gobernarnos? El Estado no puede poseer ningún derecho que, antes de su existencia, no poseyeran los individuos. Sólo puede derivar su legitimidad de sus súbditos, que de algún modo tendrán que haberle delegado voluntariamente el derecho a que les gobierne. El problema es que esta delegación de derechos no se ha producido jamás, y de hecho nunca podrá tener lugar. El Estado que nos rige lo hace sin autoridad, sin legitimidad. No se asienta sobre el consentimiento de los gobernados, no le debemos obediencia porque tenga un derecho a gobernarnos.
¿La Constitución Española es un contrato entre los ciudadanos españoles y el Estado español? Primero, la Constitución a lo sumo vincularía sólo a los españoles que la aprobaron en el referéndum. Nadie puede ser sometido a un contrato que no ha suscrito o que ha rechazado. Tampoco las generaciones posteriores pueden verse compelidas por la Constitución de 1978. Un contrato lo rubrican personas vivas, no personas que están por nacer. Segundo, por norma los contratos no adquieren validez hasta que lo firman las partes. ¿Alguien ha firmado la Constitución? ¿Dónde figuran los nombres de las partes contratantes? ¿Qué clase de contrato es éste que ni siquiera puede remitirnos a quienes lo integran? Si no existe evidencia legal alguna de que un individuo particular apoyó la Constitución ésta no puede vincular legalmente a nadie en particular. Pero lo más gracioso, como dijera Lysander Spooner en “La constitución sin autoridad“, es que este supuesto contrato que no sería admitido en ningún tribunal de justicia para probar una deuda de cinco dólares se presenta como prueba de que todos los habitantes de un país han cedido su propiedad, sus libertades y su vida al Estado. Tercero, la argumentación contractualista parte del supuesto de que los derechos individuales son alienables, de que es posible firmar contratos de esclavitud. No obstante, podemos alienar los bienes que hemos adquirido o producido, pero no podemos alienar nuestra voluntad, nuestro raciocinio, que es lo que nos dota de derechos. Y si no podemos desprendernos de la fuente de nuestros derechos lógicamente no podemos desprendernos de nuestros derechos. En otras palabras, somos propietarios de nosotros mismos no por elección sino por naturaleza, no sólo somos en cierto sentido los homesteaders de nuestro cuerpo, los “primeros ocupantes”, sino los únicos que podemos serlo. No es posible, por tanto, que hayamos elegido ceder en un contrato con el Estado nuestros derechos inalienables por naturaleza.
¿El acto de votar implica la aceptación del Estado democrático? A primera vista incluso parece que no haya escapatoria tal y como lo plantean algunos: si votas por el partido ganador aceptas el sistema, has contribuido a formar el gobierno; si votas por el perdedor también aceptas el sistema, porque has participado en el juego y has sancionado sus reglas; si no votas también ratificas el sistema, porque abstenerse significa conformarse con el resultado sea cuál sea, someterse al partido que los demás han elegido. Pero este razonamiento no se sostiene. Aparte de la cuestión de la inalienabilidad y la ausencia de unas partes firmantes identificables, en primer lugar no puede decirse que el acto de votar y el acto de abstenerse son igualmente vinculantes. Eso dejaría al individuo sin opciones, sin elección posible, y no podría argüirse en absoluto que ha elegido voluntariamente ceder sus derechos. En segundo lugar, ¿de dónde se sigue que el hecho de votar implica la aceptación del sistema? Ésa es la interpretación que hacen los valedores de esta postura, pero quizás no es la interpretación que hacen muchos votantes. Algunos electores a lo mejor votan no para apoyar el sistema, sino simplemente para evitar que venza un partido peor que aquél por el que pujan. El individuo que paga un rescate a un secuestrador no está aprobando el secuestro, sólo está intentando evitar un mal mayor. Como señaló Spooner, si obligan por la fuerza a un individuo a participar en una batalla y éste se encuentra en la tesitura de disparar o ser víctima de un disparo, no puede decirse que por el hecho de disparar y salvar su vida la batalla haya sido una elección suya. El Estado nos obliga a permanecer dentro del sistema, no permite que nos escindamos; en consecuencia no cabe alegar que alguien acepta el sistema por el hecho de que intente defenderse a través de las urnas (votando por el partido que cree que va a perjudicarle menos). En cualquier caso, el voto no incluye ninguna cláusula que especifique cuál es el significado concreto de entregar una papeleta, luego la interpretación contractualista es tan arbitraria como cualquier otra.
¿La permanencia en un determinado territorio implica aceptar el dominio del Estado sobre ese territorio? Hay quien razona del siguiente modo: si alguien no quiere someterse a los dictados del Estado que rige el territorio es muy libre de marcharse a otro lugar; si se queda está aceptando tácitamente su legitimidad. Pero permanecer en un país sólo implica consentimiento tácito si se asume que el Estado tiene en primer lugar un derecho sobre ese territorio. ¿De dónde se sigue el Estado tiene con carácter previo un derecho de propiedad sobre todo el territorio nacional? La respuesta no puede ser “porque la población consiente tácitamente al quedarse en el país”, pues ésta sería la consecuencia de que el gobierno tuviera ese derecho, luego no puede ser su causa. Dicho de otro modo, es como si el mafioso de un barrio exige a un individuo que ha abierto un negocio en la zona que le entregue una parte de sus ingresos. ¿Es legítima la acción del mafioso por el hecho de que el individuo haya decidido abrir el negocio en este barrio y no en otro? Obviamente no, porque el mafioso no tiene ningún derecho a extorsionarle en primer lugar. El mafioso no es el dueño del barrio, lo mismo que el Estado no es el dueño del territorio.
Algunos dirán que el Estado democrático es inherentemente injusto pero necesario, que aunque sólo sea por razones utilitaristas es preferible su existencia a su ausencia. Otros pensamos que el Estado es lesivo e innecesario y que debe abolirse en favor de un sistema de ley policéntrica. Lo que se ha argumentado en este artículo es que el Estado democrático no se fundamenta en ningún contrato social por el que los individuos delegan parte de sus derechos al gobierno. Los defensores del Estado tendrán que recurrir a algo más que a la constitución, al voto o a la permanencia en el país para justificar la legitimidad del Estado.

Fuente: http://austroanarquistas.com/?p=966

EL ORIGEN DEL CONFLICTO ÁRABE ISRAELÍ, DEBATE

sábado, 15 de diciembre de 2012

El Estado a la carta, extracto del capítulo NUEVO SISTEMA DE TRIBUTACIÓN (pags. 142-145)




POSICIÓN DE PARTIDA

Al contrario que otras propuestas que intentan partir desde una posición utópica para que el marco en el que se desarrolle la teoría esté limpio de contaminación, como si fuera un experimentode laboratorio, esta propuesta de un liberalismo más solidario se desarrolla en unas condiciones sociales reales. No tendría sentido elaborar una propuesta que se pretende sea eficaz, justa y plausible, si las condiciones en las que se
desenvuelve teóricamente son utópicas y del todo irreales. No estamos tratando de crear un sistema político y filosófico inmaculado si no una nueva forma de relación con el estado más justa y eficiente. Partimos desde circunstancias cotidianas y sus consecuencias para desarrollar una nueva forma de tributación y de relación con los poderes públicos más individualizada, que nos permita alejarnos o acercarnos a las instituciones sin abandonar por ello nuestras obligaciones como ciudadanos que vivimos en una colectividad. Esta posibilidad de establecer una relación más individualizada se hace posible gracias al alto nivel tecnológico alcanzado por nuestra sociedad. Hoy ya es posible almacenar en un minúsculo chip millones de datos que pueden ser leídos por innumerables dispositivos y tratar la información personal de forma rápida y eficaz. Dicha tecnología nos permitirá una tributación más acorde con las capacidades económicas y circunstancias personales de cada ciudadano, a diferencia del sistema actual, mucho más impersonal e injusto ya que grava (excepto en contados impuestos) a los ciudadanos por el valor del bien o del servicio y no por las capacidades económicas y circunstancias personales.
Este sistema permitirá que los ciudadanos se vean amparados en caso de necesidad por unas coberturas mínimas y necesarias para llevar a cabo un proyecto de vida digno y que aquellos que sin necesitar dicho amparo, ya que se encuentran en disposición de conseguir por sus propios medios dichos mínimos, sepan en cada momento cual es el coste, dependiendo de su capacidad económica, que tiene para ellos el uso de servicios provenientes del estado. Esto supone que los ciudadanos en situación de desamparo no verán mermadas sus posibilidades de ayuda debido al gasto injustificado de los servicios estatales por parte de ciudadanos que no necesitan imperiosamente dichos servicios. El estado actuará en este caso con los verdaderos fines para los que fue concebido en una sociedad libre, como garante del orden y las libertades y como soporte vital para aquellos ciudadanos que por los motivos que fuere no disponen de los medios necesarios para una subsistencia digna.
El sistema tributario tiene como objetivo el obtener los ingresos necesarios para llevara a cabo los fines ya mencionados de cubrir las necesidades de los ciudadanos necesitados y de realizar las políticas indispensables para mantener el orden y la paz. Los servicios públicos cumplen una función especial, la de poner al alcance de los ciudadanos menos favorecidos derechos que de otra manera no podrían alcanzar, por lo tanto, no pueden funcionar de la misma manera que lo hacen los servicios privados. En la actualidad, al tener costes fijos y no estar individualizados pierden esa función especial para la que fueron creados ya que son precisamente los ciudadanos más empobrecidos los que más dificultad tienen para disfrutarlos. Desde el momento en que un servicio público no es apto para todos los públicos pierde la condición de tal. Solo si los adecuamos individualmente a las posibilidades económicas de cada ciudadano evitaremos que alguien, por motivos económicos, pueda no disponer de un servicio pagado con la solidaridad de todos.
Con este método nace una nueva forma de relación tributaria con el Estado basada en el tratamiento individualizado de cada ciudadano, permitiendo una fiscalidad más justa que se amolda a la realidad económica de cada persona y no excluye a nadie de la posibilidad de beneficiarse de unos derechos mínimos como la sanidad, transporte, educación, alimentación, etc. El sistema mejora porque se financia de una manera más eficiente, ya que se asienta en un pago posible a todos dependiendo del uso de los
servicios y no tanto en el cobro de impuestos sobre las ganancias y con un coste fijo para los servicios.

EL ESTADO A LA CARTA

lunes, 10 de diciembre de 2012

Los jueces y los amos Carlos, por Alberto Montaner




La juez venezolana María Lourdes Afiuni cumplió con la ley y Hugo Chávez la hizo encarcelar. Afiuni tenía que pronunciarse sobre un detenido que llevaba tres años de prisión preventiva, el empresario Eligio Cedeño. La ley establecía un máximo de dos, de manera que lo puso en libertad, como era su deber. Chávez la insultó y aseguró que Bolívar la hubiera fusilado. Él se limitaba a encerrarla en una cárcel para mujeres que es algo así como la casa del Marqués de Sade.
Una vez en esa horrible prisión, algunos guardias violaron a la juez, resultó embarazada y perdió a la criatura. La señora tiene casi 50 años. Luego padeció cáncer y fue operada. Ante esa circunstancia, la condenaron a arresto domiciliario. Pero, para que no olvidara quién manda en el país, los chavistas atacaron a tiros el edificio en el que vive. Milagrosamente, nadie salió herido.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa asegura que, como es el jefe del Estado, también es la cabeza del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Nadie le explicó nunca que la clave del modelo republicano es la separación de poderes, los límites legales de la autoridad y el imperio de la ley. Por eso no le parecía extraño ni repulsivo que la sentencia que lo favorecía en su pleito contra el diario El Universo hubiera sido redactada por su propio abogado. Él es el dueño de la justicia.
Daniel Ortega, el presidente de los nicaragüenses, pone y quita jueces a su antojo. Escapó de la acusación de haber violado a su hijastra con la complicidad de un juez provisional que actuó con la velocidad de un carterista. Fue absuelto y liberado en una tarde inesperada y vertiginosa. Utilizó los tribunales para mantener a raya al expresidente Arnoldo Alemán y para amenazar al candidato Eduardo Montealegre. Para Ortega, el Poder Judicial no es una rama esencial del gobierno de la república, sino un instrumento de control político, amedrentamiento y castigo. Es como un palo con el que golpea o amenaza a sus adversarios.
En Bolivia sucede algo parecido. El presidente Evo Morales tiene (y ejerce) la potestad de nombrar a su antojo jueces y magistrados. En una oportunidad colocó a 18 de ellos en un mismo día. Lo llamó una revolución judicial.Antes había demostrado lo que realmente cree de las leyes y de las reglas cuando explicó a sus abogados que era su función adaptar las normas a las decisiones que él tomaba. ¿No eran letrados? A él le tocaba hacer las trampas y a los abogados adaptar las leyes. Por eso, de acuerdo con una encuesta muy seria de Ipsos, el 80% de los bolivianos no cree en la posibilidad de obtener justicia en los tribunales. Los bolivianos son gente buena y resignada, pero no idiota.
Cuba es más sincera en este tema. Como parte de la tradición soviético-comunista, no se anda con memeces republicanas. La Constitución es muy clara: el Partido es la única fuente legítima de autoridad. El resto de las instituciones son bagazo de caña. El sistema judicial cubano se controla desde el Ministerio del Interior, especialmente en cualquier conflicto que roce la ideología, y las sentencias se dictan en función del interés político coyuntural. Un individuo puede ser condenado por los mismos hechos a 30 años, a 30 meses o a 30 días, de acuerdo con los intereses de la policía.
Al general Arnoldo Ochoa y al coronel Antonio de la Guardia, por ejemplo, los fusilaron en 1989 como parte de una estrategia encaminada a liberar a Fidel y Raúl Castro de la sospecha de que el narcotráfico era una tarea que tenía la aprobación del Gobierno cubano. El código penal establecía seis años por el delito imputado, pero la inocencia de los jefes era más creíble si ejecutaban a los subalternos. Los mataron al amanecer.
¿Qué es el Socialismo del Siglo XXI? Una buena definición podía ser ésta: es un modelo de Estado en el que el Poder Judicial sirve para perpetuarse en el Gobierno, para perseguir a los adversarios y para cercenar las libertades. Lo que ignoran quienes ejercen la autoridad de esta manera brutal e inescrupulosa es que la destrucción de la independencia de los jueces puede convertirse en un peligroso bumerán en el instante en que el viento modifique su dirección.
Cuando los jueces no obedecen las leyes, sino a los hombres, se comportan como los perros de presa. En el momento en que la correa cambia de manos, atacan a los antiguos amos.
Fuente: http://www.libertaddigital.com/opinion/carlos-alberto-montaner/los-jueces-y-los-amos-66684/

Fabricantes de pobreza, por Alberto Medina Pérez


El pseudo progresismo se ha constituido en el mayor generador de pobreza de este tiempo. Lo hacen a diario, y pese a las irrefutables evidencias que confirman esta visión, están convencidos de estar recorriendo el camino inverso. Definitivamente han hecho un culto de la indigencia. Después de todo se nutren de ella.
Las naciones que lograron vencer al subdesarrollo, que progresaron en serio, no lo hicieron construyendo una industria de dádivas, ni gestando un huracán de privilegios, ni tampoco planteando condiciones ideales para esa sociedad injusta en la que los que se esfuerzan obtienen lo mismo que los que no lo hacen.
Esta casta de dirigentes ruines que pueblan las bancas legislativas y las oficinas públicas, la inmensa mayoría de ellos, incapaces de exhibir un éxito profesional en sus vidas, disponen de los dineros de todos, fundamentalmente del de los más pobres, para seguir empobreciéndolos, en una lógica que, a estas alturas, ya debería haber caído por su propio peso.
A los que menos tienen, los castigan con una carga tributaria inexplicable. Les hacen pagar a los más débiles, a los que con mucho esfuerzo solo pueden sustentarse, impuestos que tienen como destino el despilfarro de siempre, ese que permite ejercer retorcidas prácticas políticas, favorecer amigotes del mandamás de turno, o alimentar la epidemia de la corrupción.
Ellos, la clase política de diferentes espacios, que gobierna estos países desde hace demasiado tiempo, ha construido una maraña de reglas de juego para mantenerse allí, esquilmando a los que producen, pero también a los que dicen beneficiar.
Son los sectores más empobrecidos los que pagan con mayor fuerza este sistema que, suponen que los defiende. Impuestos, inflación, derroche y corrupción. Resulta difícil identificar en esta lista, en qué lugar está la tan mentada defensa a los que menos posibilidades tienen con la que se llenan la boca los dirigentes de este tiempo.
Han diseñado un esquema para enriquecerse como funcionarios, que se sostiene sobre la base de sojuzgar a los más pobres. No han generado las condiciones para que dejen de serlo, muy por el contrario, crearon un sistema para que los pobres sigan siendo pobres y queden esclavizados, en manos del clientelismo y el asistencialismo que se han ocupado de edificar durante décadas.
Un país rico y prospero, como el que sostiene el relato, no saquea a los pobres con impuestos e inflación para luego subsidiarlos, no los humilla, ni los impulsa a convertirse en mendigos de la política.
El país en el que nos quieren hacer creer que vivimos, no existe. Somos parte de una sociedad donde un pobre es inducido a votar a un candidato partidario, a cambio de un plan social estatal o de una mera promesa.
Los que se ufanan de hacer política en serio, organizan, cual asociación ilícita, un afinado método para entregar una bolsa de alimentos el día de las elecciones solo para lograr mayor caudal electoral. Intentan arrear a los ciudadanos como ganado, en vehículos. Todo ese despliegue con dineros públicos muchas veces, confirmando esa cruel sociedad entre la política y la corrupción.
Habrá que ser menos piadosos con esa clase política. Se trata de una perversa casta, una verdadera lacra social, avalada por muchos ciudadanos, los más de ellos cómplices involuntarios de esta parodia.
Esta caterva de dirigentes políticos, no tiene autoridad moral para hablar de progreso. Se encargan a diario de tratar a la gente como “una cosa”, de condenarlos a mantenerse en una vida despreciable, a hacerle promesas, a sabiendas de que no cumplirán, y fundamentalmente a convencerlos de que son unos inútiles, que no sirven para nada y que solo pueden aspirar a seguir recibiendo favores, a vivir de prestado y solo en la medida que continúen votando a su humilladores para que los sigan destratando.
Cuando estos corruptos finalmente se vayan y sean finalmente desenmascarados, cuando los que todavía los sostienen, logren darse cuenta de la inmoralidad que han generado, esta sociedad deberá aun luchar para vencer las temibles secuelas y este legado lamentable que dejarán como herencia.
Los depredadores de la política y de la sociedad, los han convencido a los más pobres, que son ineptos, inservibles y llevará mucho tiempo recuperar la autoestima, la fe en sí mismos, la fortaleza para dar la mayor de las batallas y salir de la pobreza sin que nadie les regale nada.
En todo este tiempo, les han robado la mayor riqueza que un ser humano puede disponer, su dignidad. Y es difícil recuperar esta virtud cuando ha sido pisoteada, arrastrada y ultrajada durante generaciones.
No se precisan gobiernos que saquen de la pobreza a la gente, en todo caso se necesita una clase dirigente que deje de lado su costado mesiánico e interminable vanidad, su soberbia inagotable de creerse el centro de la creación, la dueña de las verdades y propietaria del  monopolio de las soluciones.
A la gente de bien le queda una dura tarea por delante, ayudar a reconstruir el optimismo, el poco que queda, a devolverle la fe a los que la pierden a diario, a alimentar la confianza en sí mismos y la imprescindible actitud, que es la madre de la riqueza.
El combate será difícil, porque mientras muchos ciudadanos están dispuestos a ser protagonistas del cambio, otros decidieron dedicarse al ocio cívico, fomentando la abulia crónica y siendo cómplices de tanto desatino.
Es tiempo de enfocarse en no bajar los brazos. Los que realmente creen que la historia puede cambiar tienen un duro desafío por delante. Mientras tanto, del otro lado, buena parte de esta clase política contemporánea, alimentada desde el populismo vigente, se dedicará a perfeccionar el arte de ser fabricantes de pobreza.
Fuente: http://www.desdeelexilio.com/2012/12/10/fabricantes-pobreza/#.UMWbN-TX7Sg

viernes, 7 de diciembre de 2012

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)

La Declaración de los derechos del hombre y el del ciudadano de 1789, inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII, marca el fin del Antiguo Régimen y el principio de una nueva era.

Historia
La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es, junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea nacional constituyente formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa.

El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto.

En la declaración se definen los derechos "naturales e imprescriptibles" como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes.

El Rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre, bajo la presión de la Asamblea y el pueblo, que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791.

La Declaración de 1789 inspirará, en el siglo XIX, textos similares en numerosos países de Europa y América Latina. La tradición revolucionaria francesa está también presente en la Convención Europea de Derechos Humanos firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Texto

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789)

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.

Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

Artículo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Artículo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Artículo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.

Artículo 13.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.

Artículo 14.- Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

Artículo 15.- La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.

Artículo 16.- Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Artículo 17.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.