Juan J. Molina

Juan J. Molina
Juan J. Molina

sábado, 15 de diciembre de 2012

El Estado a la carta, extracto del capítulo NUEVO SISTEMA DE TRIBUTACIÓN (pags. 142-145)




POSICIÓN DE PARTIDA

Al contrario que otras propuestas que intentan partir desde una posición utópica para que el marco en el que se desarrolle la teoría esté limpio de contaminación, como si fuera un experimentode laboratorio, esta propuesta de un liberalismo más solidario se desarrolla en unas condiciones sociales reales. No tendría sentido elaborar una propuesta que se pretende sea eficaz, justa y plausible, si las condiciones en las que se
desenvuelve teóricamente son utópicas y del todo irreales. No estamos tratando de crear un sistema político y filosófico inmaculado si no una nueva forma de relación con el estado más justa y eficiente. Partimos desde circunstancias cotidianas y sus consecuencias para desarrollar una nueva forma de tributación y de relación con los poderes públicos más individualizada, que nos permita alejarnos o acercarnos a las instituciones sin abandonar por ello nuestras obligaciones como ciudadanos que vivimos en una colectividad. Esta posibilidad de establecer una relación más individualizada se hace posible gracias al alto nivel tecnológico alcanzado por nuestra sociedad. Hoy ya es posible almacenar en un minúsculo chip millones de datos que pueden ser leídos por innumerables dispositivos y tratar la información personal de forma rápida y eficaz. Dicha tecnología nos permitirá una tributación más acorde con las capacidades económicas y circunstancias personales de cada ciudadano, a diferencia del sistema actual, mucho más impersonal e injusto ya que grava (excepto en contados impuestos) a los ciudadanos por el valor del bien o del servicio y no por las capacidades económicas y circunstancias personales.
Este sistema permitirá que los ciudadanos se vean amparados en caso de necesidad por unas coberturas mínimas y necesarias para llevar a cabo un proyecto de vida digno y que aquellos que sin necesitar dicho amparo, ya que se encuentran en disposición de conseguir por sus propios medios dichos mínimos, sepan en cada momento cual es el coste, dependiendo de su capacidad económica, que tiene para ellos el uso de servicios provenientes del estado. Esto supone que los ciudadanos en situación de desamparo no verán mermadas sus posibilidades de ayuda debido al gasto injustificado de los servicios estatales por parte de ciudadanos que no necesitan imperiosamente dichos servicios. El estado actuará en este caso con los verdaderos fines para los que fue concebido en una sociedad libre, como garante del orden y las libertades y como soporte vital para aquellos ciudadanos que por los motivos que fuere no disponen de los medios necesarios para una subsistencia digna.
El sistema tributario tiene como objetivo el obtener los ingresos necesarios para llevara a cabo los fines ya mencionados de cubrir las necesidades de los ciudadanos necesitados y de realizar las políticas indispensables para mantener el orden y la paz. Los servicios públicos cumplen una función especial, la de poner al alcance de los ciudadanos menos favorecidos derechos que de otra manera no podrían alcanzar, por lo tanto, no pueden funcionar de la misma manera que lo hacen los servicios privados. En la actualidad, al tener costes fijos y no estar individualizados pierden esa función especial para la que fueron creados ya que son precisamente los ciudadanos más empobrecidos los que más dificultad tienen para disfrutarlos. Desde el momento en que un servicio público no es apto para todos los públicos pierde la condición de tal. Solo si los adecuamos individualmente a las posibilidades económicas de cada ciudadano evitaremos que alguien, por motivos económicos, pueda no disponer de un servicio pagado con la solidaridad de todos.
Con este método nace una nueva forma de relación tributaria con el Estado basada en el tratamiento individualizado de cada ciudadano, permitiendo una fiscalidad más justa que se amolda a la realidad económica de cada persona y no excluye a nadie de la posibilidad de beneficiarse de unos derechos mínimos como la sanidad, transporte, educación, alimentación, etc. El sistema mejora porque se financia de una manera más eficiente, ya que se asienta en un pago posible a todos dependiendo del uso de los
servicios y no tanto en el cobro de impuestos sobre las ganancias y con un coste fijo para los servicios.

EL ESTADO A LA CARTA

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