LA BÚSQUEDA DEL MEJOR ORDEN (II)

Desde tiempos inmemoriales los hombres vienen buscando la piedra filosofal política, es decir, el mejor régimen político, aquel que consideradas las circunstancias, sea el mejor para un determinado pueblo.
Desde ese punto de vista la aportación del liberalismo a la filosofía política consiste en poner en el centro de la atención la libertad individual, y en preguntarse cómo es que de las asociaciones de individuos puede brotar un orden, o sea un conjunto de normas que permite reducir el carácter imprevisible de los resultados de las acciones humanas. En este sentido, podría sostenerse que el orden es el resultado no-intencionado de una selección social de normas que tienden a eliminar las que con el tiempo parecen menos satisfactorias y que no se pueden universalizar en el espacio y en el tiempo.
Queda por ver por qué la condición de libertad es tan importante. Esto se debe a que cuanto más libres sean los individuos, tanto más podrán hallarse en condiciones de discutir sobre las consecuencias que pueden derivarse de la adopción de ciertas modalidades de intercambio.
El liberalismo pues, se propone garantizar la libertad y la realizabilidad de las expectativas individuales mediante una reducción del poder. Se trata de un objetivo que en el campo religioso se concreta en la reducción de lo religioso a un fenómeno privado y en la tolerancia, en el campo político en la lucha contra el absolutismo y el despotismo, y en el campo económico en la lucha contra los monopolios. Consecuencia directa de todo esto es que el liberalismo es ante todo una teoría para la limitación del poder estatal, como dijo Jefferson “ El mejor gobierno es el que gobierna menos”.

Bibliografía: Atlas del liberalismo, Ramón cubed

CONCLUSIONES SOBRE EL LIBERALISMO

A la luz de lo que hemos venido describiendo, se sobre entiende que existe una auténtica confusión teórica sobre lo que ha sido y es la tradición liberal clásica. Tanto sus detractores que lo anatemizan acusándole de capitalismo radical como los que se autocalifican de liberales, reconvirtiendo y customizando sus ideas hasta darles una apariencia estética de falso liberalismo.
El liberalismo desde su nacimiento fue un baluarte en la lucha contra toda clase de tiranías absolutistas y totalitarias de ideario fascista, socialista, comunista, teológico, oligárquico o de cualquier otra clase.
El liberalismo, en realidad, es la búsqueda de un tipo de asociación política en la que la libertad y las expectativas individuales puedan realizarse con independencia del poder político. El liberalismo clásico trata de elaborar instrumentos políticos y constitucionales capaces tanto de reconducir el poder político a una dimensión controlable como de evitar sus futuras expansiones a costa de las libertades individuales. Un intento, que puede no ser compartido, pero en el cual se manifiesta el constante deseo de hacer que convivan las dos componentes fundamentales y antagónicas de la modernidad: el carácter natural de los derechos individuales y la artificiosidad del estado.
Los diferentes intentos de conciliar ambos términos han dado como resultado la constatación de que el mejor orden es el resultado, involuntario, de la generalización de las normas de conducta que han tenido éxito a lo largo de los tiempos, y no tanto el producto derivado de las opciones de los representantes de las mayorías, de lo que se deriva que la solución a este problema es una drástica reducción de las competencias de los gobernantes y del propio estado.
Sin embargo, y sería inútil pretender ocultarlo, los compromisos ideados hasta ahora por los representantes del liberalismo clásico han fracasado, en parte por una excesiva confianza en la capacidad del hombre de anteponer la satisfacción de sus necesidades futuras a las de las necesidades inmediatas. Una mayoría de individuos prefiere superar una situación de incertidumbre atribuyendo a alguien la potestad de crear artificialmente (o políticamente) aquella certeza a la que todo individuo o grupo social aspira y que se refiere a la futura realizabilidad de sus expectativas, aunque ello suela tener la consecuencia de aumentar el poder de los gobernantes.
Aunque basada en un compromiso, la solución del liberalismo clásico se apoya en una consideración realista del hecho de que el estado es una institución indispensable. Por lo tanto, “el compromiso con el estado” puede verse como la proyección y el resultado involuntario del deseo que tiene todo individuo dotado de un conocimiento limitado y falible y de tiempo y recursos también limitados, de fundamentar sus previsiones acerca de la futura satisfacción de las expectativas individuales. En otras palabras, de una condición natural de incertidumbre que jamás podrá ser superada.
No obstante, es preciso concluir que el expediente de la separación de poderes, tal como se ha concebido hasta ahora, no ha resultado eficaz. Además, la propia reducción progresiva de las competencias del estado no resuelve el problema de los posibles abusos por parte de quienes, a través de la legislación, deberían formular normas generales y abstractas acerca del disfrute de los derechos individuales, y por parte de quienes (poder ejecutivo) deberían establecer la escala de prioridades en la satisfacción de las expectativas. La adaptación de un sistema de normas a las nuevas situaciones acaba inevitablemente por atribuir un poder discrecional a quienes, por el título que sea, están llamados a desempeñar labores de gobierno.
Después de lo dicho y a pesar de todo, frente a la crisis del estado del bienestar, que es sustancialmente la crisis de la tradición liberal, las soluciones del liberalismo son comparativamente las mejores de todas y debemos seguir profundizando en ellas.

Bibliografía: Raimondo Cubeddu, Atlas del liberalismo, Unión Editorial.

LIBERALISMO Y MODERNIDAD (XIII)

Al liberalismo se le ha acusado, sobre todo por parte de la izquierda que lo tiene por su más peligroso enemigo, de ser una teoría política conservadora, reaccionaria y de derechas.
La primera acusación se puede entender si se acepta que el liberalismo tiende a conservar aquellas soluciones que funcionan y desconfía de aquellas otras, que aunque deseables, podrían inducir a la sociedad a tales cambios que la hicieran inestable o que comportaran un número incontrolable de consecuencias imprevistas y el liberalismo, amante de la libertad y el orden, siempre será contrario a los cambios cuyas consecuencias no pueda prever.
Mas discutible es la segunda acusación de ser un movimiento reaccionario, el liberalismo no es una doctrina política contraria a la llamada “modernidad”, sino parte importante, aunque crítica, de la misma, ya que surge como reacción al intento de Santo Tomás de fundamentar el derecho natural en la teología revelada. La teoría liberal trata así de separar el derecho natural de la religión. Lejos de ser una reacción a la modernidad, surge como un intento tanto de superar la crisis de la cristiandad como consecuencia de la Reforma, como la crisis de la cosmología Tolemaica. El liberalismo busca fundamentar el orden político sobre la investigación filosófica libre que consiste en no reconocer otras autoridades que la verdad y la libertad.
La acusación de ser un movimiento político reaccionario se ha dirigido al liberalismo sobre todo por parte de la corriente filosófica historicista, que interprete la historia como un proceso tendente a la consecución de un fin que creen haber descubierto en el socialismo. Al margen de los distintos tipos de historicismo, y de su relación con el fenómeno del totalitarismo, esta creencia, tanto en su variante nazi o fascista como en la comunista, ha fomentado una apología del estado, transformándolo de modalidad histórica de asociación política en resultado inevitable del devenir. La acusación de ser una filosofía política reaccionaria surge precisamente de la negación, por parte del liberalismo, de la irreversibilidad del proceso histórico, de su rechazo a la idea del estado como única expresión política de ese proceso: o sea de una aversión a la idea central del historicismo.
El liberalismo no es, pues, ni la ideología de quienes se proponen conservar privilegios, ni la ideología de quienes sueñan con imposibles retornos hacia un pasado que en realidad jamás existió. Son estos elementos de su patrimonio ideal los que permiten distinguirle netamente de la llamada “cultura de derechas”.
Encerrar al liberalismo en un esquema como el de “derecha-izquierda”, en el mejor de los casos es infantil. Incluso en el caso de que por “derecha” se entienda una actitud política prevaléntemente orientada al mantenimiento de la libertad y por la “izquierda” una actitud política tendencialmente dirigida a la realización de la igualdad. El fundamento del liberalismo no es una idea abstracta de libertad individual, sino la constatación de que la libertad es lo que permite a los seres humanos naturalmente diversos disfrutar de los mismos derechos, ser todos iguales ante la ley a condición de que todos tengan la posibilidad de elegir libremente lo que consideran conveniente para alcanzar sus fines individuales.
Por consiguiente, la verdadera distinción no es entre progresistas y conservadores, “derecha” e “izquierda”, sino entre estatalistas y no-estatalistas. En otras palabras, entre quienes piensan que un orden político puede y debe ser proyectado y dirigido hacia la consecución de determinados fines, y quienes piensan por el contrario que un orden político tiene como fin simplemente el de garantizar a todos la posibilidad de intercambiar, en condiciones de libertad, informaciones, bienes y tiempo; es decir lo que entienden que necesitan para mejorar la propia condición sin cargar a los demás con las consecuencias que ellos no han querido.

Bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo Cubeddu, Unión editorial.
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LIBERALISMO, CONSERVADURISMO Y “CULTURA DE DERECHAS” (XII)

Aunque desde el punto de vista histórico la distinción no siempre resulta clara, el liberalismo se halla tan lejos del intervencionismo de marchamo progresista como del conservadurismo. El primero le reprocha al liberalismo clásico ser una filosofía política conservadora en cuanto se opone a una filosofía de la historia que considera al estado como realizador de la idea de progreso. El segundo reprocha al liberalismo, especialmente a sus posiciones individualistas y estatalistas, el haber fomentado el proceso de decadencia y disolución de la comunidad política llamada estado.
La ideología positivista e historicista que ve en el estado el instrumento y el fin del progreso, ha intentado así presentar como conservadores (por lo demás, ¿de qué? A quienes han manifestado críticas o reservas respecto a este modo de pensar.
Para darse cuenta de lo poco explicativo que es este modo de pensar, baste tener presente que, si se define el liberalismo como ideología conservadora, no se explica como es que no quiere “conservar” todas las manifestaciones históricas del estatalismo, sino que quiere precisamente superarlas en cuanto a crecientes peligros para la libertad individual, y que se basa en una visión evolucionista-cultural que tiende constantemente a remozar las instituciones sociales cuando las cosas cambian.
El conservadurismo, como el socialismo, sostiene que también los ideales morales y religiosos pueden ser sometidos a la coacción en vista a la consecución de fines considerados deseables. El liberalismo, por el contrario, sostiene que las convicciones morales ligadas a cuestiones de comportamiento que no interfieran directamente en la esfera privada de los demás no justifican la coacción. El conservador está convencido de que “en toda sociedad existen personas reconocidas como superiores, cuya herencia de valores Standard y de posiciones debe ser garantizada y que deben tener una influencia mayor que la de los demás sobre las cosas públicas”, y tiende por ello a “defender una jerarquía constituida especial”. Por el contrario, el liberalismo, aun no siendo igualitario, sostiene que “ningún respeto por los valores establecidos puede justificar el recurso al privilegio o al monopolio o a cualquier otro poder coercitivo del estado con el objeto de proteger a tales personas contra las fuerzas de la evolución económica”. Por consiguiente, las élites “deben afirmarse logrando mantener su posición con las mismas normas que se aplican a los demás miembros de la sociedad.
Aunque políticamente no hostiles al liberalismo clásico, los conservadores le atribuyen un individualismo, un relativismo ético y una neutralidad en el campo religioso que consideran inaceptables.

Bibliografía, Talas del liberalismo.Raimondo cubeddu. Unión editorial.
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LIBERALISMO Y DEMOCRACIA (XI)

A menudo estas dos palabras forman una pareja confusa, pero en realidad son dos teorías políticas distintas; en una definición sencilla podríamos decir que el liberalismo es la tradición que, frente a la cuestión de si deben gobernar las leyes o los hombres, responde afirmando que deben gobernar las leyes; y la democracia como una teoría relativa al mejor sistema para elegir a los gobernantes.
Ambas tradiciones se consideraron antitéticas hasta el momento de la aparición de la mentalidad totalitaria y la implantación de los regímenes a ella ligados (tanto comunistas como nazi-fascistas) les indujo a hacer frente al común enemigo. Pero cuando el horizonte histórico y teórico quedó despejado de adversarios, las diferencias volvieron a acentuarse. Mientras para los liberales ---tanto los gobernantes como los gobernados--- están sujetos a la soberanía del derecho (rule of law), para un demócrata la soberanía es patrimonio de quien tiene el poder de establecer el derecho; es decir del pueblo mediante sus representantes, los gobiernos.
Desde esta perspectiva se comprende que las diferencias entre ambas tradiciones no estriban tanto en el método con que se elige a los gobernantes, como en los límites de sus atribuciones y competencias. Mientras la tradición liberal sostiene que el orden es un producto posible, lento y a veces también gradual, de una evolución cultural. La tradición democrática considera en cambio que el mejor régimen político es aquel que se atribuye una función ético-política cuyos fines son alcanzables mediante disposiciones legislativas emanadas de las mayorías coyunturales.
Si el liberalismo atribuye al poder político la función de hacer convivir las diferencias naturales entre los hombres, la democracia le atribuye la función de realizar un fin que no es un fin natural.
El problema se convierte así en el de las garantías de los derechos de las minorías y de los límites del poder de la mayoría. El recelo de la tradición liberal al aumento del poder de decisión de los políticos está más que justificado y nos lleva a la duda de si ha sido prudente subestimar la circunstancia de que la lógica política, nos haya llevado a una maximización de los políticos como clase de los gobernantes. En otras palabras ¿ de qué instrumentos disponemos en un régimen democrático, para hacer que los políticos no elijan las opciones que le son más favorables para mejorar sus propios intereses y mantener y reforzar su poder?
Limitando la función del estado a garantizar que todos puedan participar en condiciones de libertad en ese proceso de producción del orden, la solución liberal se presenta como algo diametralmente opuesto al mecanismo democrático basado en la atribución a la mayoría de la potestad de crear certeza mediante la producción de normas y reglamentos que condicionan gravemente las relaciones de intercambio entre los individuos.

Bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo cubeddu, Unión editorial.
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EL LIBERALISMO Y EL ESTADO (X)

Entre las etapas del proceso que tienden a distinguir al liberalismo del estatalismo se halla la teoría de Menger, según la cual el lenguaje, la religión, el derecho, el estado, los mercados, la competencia, el dinero, los precios, o sea aquellas instituciones sociales que “sirven al bien común y que tienen una importancia fundamental para su desarrollo”, han surgido “sin una voluntad común orientada a su fundación”. Menger y la escuela austriaca desarrollan esta tesis y advierten que la política no puede tener la función de promover la virtud y que toda opción colectiva lleva una carga de coacción que no se puede legitimar y que, en todo caso, convendría ir reduciendo hasta llegar a su eliminación. Las instituciones sociales no son, pues, la forma política en la que se produce aquel proceso común de educación en la virtud que producirá el mejor régimen político, sino sólo los instrumentos con los que los individuos pueden tener informaciones acerca de la realizabilidad de sus expectativas individuales y sus costes individuales y sociales.
La tradición liberal siempre ha mostrado un gran recelo hacia el estado, liberales como Paine lo definieron como “un mal necesario”, Bastiat como “una gran ficción mediante la cual todos tratan de vivir a costa de todos” o Spencer formula el “derecho a ignorarlo”. Una de las motivaciones para explicar esta actitud es el propio nacimiento y evolución de las instituciones políticas que lo hicieron para garantizar ciertos derechos individuales o gremiales anteriores a ellas.
La actitud frente al estado constituye el fundamento de la gran ruptura del movimiento político liberal que, a finales del siglo XIX, y a lo largo de todo el siglo XX ---aunque manteniendo inicialmente el firme valor de la libertad individual como fundamento del régimen óptimo--- se divide precisamente respecto al papel y a la función del estado en el fomento y desarrollo de las libertades individuales.
Nadie discute que el liberalismo surgió como una doctrina de élite. El hecho es que la característica de esta élite era precisamente la crítica al poder político, o sea del estado absoluto. Después la confrontación entre la teoría y la práctica, los conocidos efectos del poder (quien lo tiene tiende a mantenerlo), la entrada de las masas populares en la política y la difusión de las ideologías socialistas determinó un cambio sustancial en la actitud de los liberales frente al estado, y les llevó a caer en un error casi inevitable, configurándose en una técnica política cuyo fin ---la promoción de la libertad individual y la realización de instituciones liberales--- debe alcanzarse en el ámbito del estado y solo confiándolo a especialistas. Los políticos liberales temerosos de ser desalojados del poder por los nuevos partidos democráticos y socialistas, comenzaron una lucha por el electorado en un terreno desconocido para ellos (que no disponían de teorías estatalistas puesto que eran su antítesis) y sucumbieron a la necesidad de utilizar al estado con las mismas finalidades que los otros partidos políticos: la justicia social mediante el intervencionismo en la redistribución de la riqueza producida por el sistema económico capitalista. Esto les llevó a su práctica desaparición como fuerza política importante.
La concepción política liberal del estado como fenómeno que hay que limitar venía así a disiparse, dejando el campo libre a un intervencionismo finalista. El estado se convirtió en un instrumento que hay que controlar para alcanzar ciertos fines, como el mantenimiento del poder, la ampliación de la esfera de libertad o la realización de la justicia social.
En la relación entre sociedad y estado podemos distinguir dos tipos de modelos políticos el nomocrático, correspondiente a sociedades abiertas; y el teleocrático, caracterizado por el binomio planificación-legislación o sociedad cerrada.
Los modelos políticos teleocráticos se caracterizan por ser organizaciones finalistas que se justifican por la bondad de los fines que se proponen o por un presunto finalismo de la historia, los modelos nomocráticos pueden prescindir de tal justificación por el hecho de que no son modelos de organización sino de orden.
Así pues la clave de la distinción entre las numerosas corrientes de la filosofía política moderna y entre el verdadero y falso liberalismo debe buscarse en la actitud frente al estado, a su naturaleza y función, y no en la inconsistente distinción entre derechas e izquierdas. Para la tradición liberal, el estado es una solución que, a pesar de sus innegables exitos, no puede ni debe absolutizarse. El estado es solo una de las instituciones sociales, y cuando pretende someter a todas las demás fracasa, ya que la evolución de las demás instituciones no puede ---por falta de conocimiento--- ser controlada y dirigida eficazmente por la élite que guía al estado.
El estado nacional intervencionista caracterizado por el binomio legislación-planificación, que surgió, se aceptó y justificó como el mejor instrumento para racionalizar el mercado, se halla actualmente inmerso en una crisis. Por consiguiente, el coste intervencionismo estatal (ineficiencia, , concentraciones de poder no sometidas a controles reales, insoportable presión fiscal y consiguiente fraude, corrupción, ausencia de responsabilidad, etc.), si por una parte constituye el mayor obstáculo para realizar los ideales que habían inspirado su concepción, por otra parte aparece como un peligro para el mantenimiento de los derechos individuales no solo de carácter económico, sino también de carácter civil (libertad de información, de instrucción, etc.).
Queda por ver si su superación se producirá en la dirección de la globalización del mercado competitivo, o en la dirección de la descomposición de los estados nacionales y del nacimiento de estados supranacionales-consensuales.
La fusión entre la tradición política democrática y la liberal ha terminado por producir un híbrido en el que se ha perdido la conciencia de que la única justificación posible del estado es la de garantizar los derechos naturales de los individuos.

Bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo Cubeddu, unión editorial.
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CONSTITUCIONES LIBERALES Y PROGRAMÁTICAS (IX)

Una de las controversias constitucionales es saber donde fijar los límites eficaces a la voluntad de la mayoría; es decir, en idear un orden constitucional en el que el poder esté limitado por una constitución que solo puede cambiarse mediante un procedimiento particular. Este problema presenta connotaciones distintas según se trate de una constitución liberal ---o sea garantía de los derechos y de las libertades individuales, de normas relativas al funcionamiento de los poderes y sus relaciones y que se base en la distinción entre ejecutivo y legislativo--- o una constitución de tipo programático, o sea una constitución que, además de normas relativas al funcionamiento de los poderes y sus relaciones, contenga objetivos éticos, políticos, y económicos.
Mientras que en el primer caso los ajustes serán más fáciles o casi espontáneos, en el segundo, no se puede pensar que los objetivos de un modelo de estado-organización puedan mantenerse inmutables durante un largo periodo de tiempo sin acudir al empleo de un creciente aparato coercitivo. Las circunstancias históricas, la dinámica internacional y los cambios de la propia conciencia cívica contribuyen a dejar obsoletas las finalidades de unas constituciones, que los ciudadanos pueden empezar a sentir como no asumibles o directamente como imposición. Aparece así la perenne crítica liberal a la concepción sustantiva del “bien común” y de su creencia en que el “bien común” de una asociación civil consiste, por el contrario, no en una irrealizable “comunidad de fines”, sino en una “comunidad de normas” que se limiten a especificar los comportamientos.
Todo esto permite comprender por qué el liberalismo se opone a una intervención del estado (es decir, de la clase política, sea cual fuere su forma de elección) en el mercado con el fin de especificar sus objetivos, y trate de separar la función legislativa de la de dirección política, y ambas de la actividad de gestión de la esfera económica.
Esto, se quiera o no, guste o no guste, es la esencia de la tradición liberal.

Bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo Cubeddu, Unión editorial.
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LA TRIPARTICIÓN DEL PODER (VIII)

El presupuesto de la que ha sido la “utopía liberal” ---garantizar las libertades individuales y limitar el poder a través de su tripartición--- es que la actividad del gobierno está limitada por vínculos externos a la política (derechos naturales).
Sin embargo el mismo Montesquieu ya expresaba sus temores de lo que podía pasar y viene pasando desde hace muchos años:

“Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura el legislativo está unido al poder ejecutivo, no hay libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado hagan leyes tiránicas para imponerlas tiránicamente.
No hay libertad si el poder judicial no está separado del poder ejecutivo y legislativo. Si estuviera unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, ya que el juez sería al mismo tiempo legislador. Si estuviera unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.
Todo estaría perdido si una única persona, o el mismo cuerpo de grandes, de nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los delitos y litigios de los privados”.

Montesquieu piensa que el sistema debe dotarse de jueces provisionales y distingue entre anarquía “ley y libertad sin poder”, despotismo “ley y poder sin libertad”, barbarie “poder sin libertad y sin ley” y república “poder con libertad y ley”.
El fin principal del liberalismo es salvaguardar los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) evitando que el poder político y legislativo residan en las mismas manos.
Un liberal, para ser más claros, es extremadamente reacio a atribuir al mismo conjunto de personas el poder legislativo y el poder ejecutivo, y considera que la separación entre estas dos funciones es condición indispensable para garantizar la libertad individual.
Así pues, lo que caracteriza al constitucionalismo liberal es un específico empeño en resolver el problema del mejor orden político limitando el poder del estado.
Una sociedad liberal, por lo tanto, será una sociedad que tenga como objetivo primario maximizar las condiciones de libertad dentro de la ley y permitir que los individuos intercambien informaciones, bienes y servicios que consideren útiles para la mejor solución de sus propios problemas.
Se sigue que la función del estado será garantizar ---y solo eso--- que ese intercambio se realice en condiciones de libertad, y que en todo caso se le reconozca al individuo el derecho a ser el mejor juez de sus propios intereses.
La tripartición del poder no es una teoría abstracta, las implicaciones prácticas son una disposición institucional presidencialista que puede articularse así:

a) Jefe del ejecutivo y del estado elegido directamente (función política).
b) Poder legislativo y de control de la actividad del ejecutivo a través de dos cámaras separadas. La primera cámara legisla sobre las normas generales y abstractas de la convivencia civil; la segunda aprueba o rechaza el presupuesto presentado por el ejecutivo (no puede enmendarlo), y controla los actos del ejecutivo (decretos, reglamentos, nombramientos, etc.) en caso de conflicto se convocan nuevas elecciones simultaneas del ejecutivo y de la cámara con la que se entra en conflicto. Los miembros del ejecutivo no pueden ser miembros de las cámaras.
c) Orden judicial, elegido por los órganos e instituciones judiciales y como última instancia tribunal constitucional.

Este modelo tiene como presupuesto y fin que la intervención del estado en la esfera económico-social sea extremadamente reducida. Si se le superpone un estado intervencionista (en cuyo ámbito la lucha política es esencialmente una lucha entre grupos organizados para conseguir el poder y para acaparar beneficios y privilegios), el sistema electoral, sea el que fuere, en que se apoya generará un aumento de la conflictividad social y expondrá al riesgo de que quien gane las elecciones se adueñe de la totalidad del poder, de los beneficios y de los privilegios, sirviéndose de los presupuestos del estado como de un instrumento para acrecentar su propia clientela electoral y hacerla duradera.
Esta es la razón de que en el ámbito de una teoría constitucional liberal coherente sea indispensable no solo que los tres poderes estén separados, sino también que el jefe del ejecutivo tenga una legitimidad y una modalidad de elección distinta y separada de la de las cámaras. Así pues, dicha constitución no puede ser una constitución programática (como la nuestra), destinada a envejecer velozmente y a ser incapaz, a no ser mediante la coacción, de contener los cambios de los valores sociales, de las dinámicas sociales y de las relaciones de poder.

Bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo cubeddu, Unión editorial.
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DERECHO Y LIBERALISMO (VII)

Para el liberalismo, el derecho no coincide con el conjunto de leyes emanadas de los políticos para alcanzar fines específicos, sino que es un conjunto de normas de carácter general y abstracto, universalmente aplicables, que tienen la finalidad de hacer previsibles las consecuencias de las acciones con las que los individuos se proponen conseguir determinados fines subjetivos. Este no puede convertirse en un instrumento con el que las cambiantes mayorías se propongan salvaguardar sus propios intereses e imponerlos a las minorías, sino que debe ser un conjunto de normas a las que todos se hallan sometidos (rule of law): ciudadanos, políticos y burócratas. Desde el punto de vista liberal, la distinción entre derecho, economía y política ---que es la única manera de controlar el poder--- solo es posible si el estado se ciñe a su función originaria de garante del derecho.
Con el nacimiento de las doctrinas contractualistas (contrato entre voluntades racionales, el soberano y el pueblo) el derecho pasó a ser un producto de la voluntad humana y el estado en protector de esas voluntades en el poder, en contraposición a la tradición del derecho natural y del romano.
Podemos resumir que para un liberal, el derecho nace principalmente de la experiencia humana que a lo largo del tiempo ha ido puliendo las normas y modificando las instituciones sociales, en un proceso de selección cultural y evolutivo que tiende a eliminar las instituciones que no son capaces de resolver los problemas y las situaciones nuevas en la perspectiva de su universalización y selecciona los mejores comportamientos en tendentes a asegurar un orden.
Desde el punto de vista liberal, el derecho sirve para evitar la formación de monopolios, así pues, el derecho tiene la función de garantizar la competencia entre los fines individuales, y evitar en lo posible que su persecución provoque consecuencias negativas ---por ejemplo violencia, violaciones del derecho de propiedad, difusión de falsas informaciones, contaminación, daños ambientales, etc.--- que constituyen un límite para el disfrute de los derechos individuales de los demás. En consecuencia sería conveniente que la actividad legislativa estuviera limitada y fuera distinta de la actividad del gobierno, para que quienes la ejerzan no puedan aprovecharla para aumentar sus propias posibilidades de mantener el poder. El liberalismo no es por principio contrario a la legislación, esta se justifica porque es un instrumento indispensable para distribuir información sobre las consecuencias de determinadas acciones y para evitar la formación de monopolios naturales.
Atribuir a los gobernantes el poder de realizar el “bien” significa, pues, exponerse al riesgo de aumentar su poder. La intervención del estado para realizar la justicia social acaba ---para un liberal--- en una forma de despotismos más o menos ilustrado. Y no es una casualidad que el fundamento jurídico de las teorías políticas intervencionistas sea el concepto de “obligación jurídica”, y el de la tradición liberal sea el “derecho de resistencia”.

bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo cubeddu, Unión Editorial.
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¿GOBIERNO DE LOS HOMBRES O GOBIERNO DE LAS LEYES? (VI)

El liberalismo se desarrolla como respuesta a dicha pregunta elaborando una teoría de la relación entre libertad individual y ley; su objetivo es hacer que la libertad individual (consecuencia de que los hombres sean distintos por naturaleza, cultura e inclinaciones) pueda convivir con la exigencia del orden.
Desde un punto de vista complementario se podría observar que el fundamento del liberalismo es la convicción de que los derechos naturales --- idea de una ley natural, propia de la filosofía clásica, como algo que hay que descubrir e imitar, en contraposición a la idea cristiana de una ley revelada— son anteriores al estado y que la función de este es garantizarlos. La misma acción del gobierno, por consiguiente, tiene como criterio actuar tratando de maximizar las condiciones y posibilidades de las libertades individuales.
La democracia, por el contrario, se ha desarrollado como una respuesta a la pregunta: ¿a qué hombres hay que confiar el poder? Y los más sabios han llegado a la conclusión de que estos deben ser los que representen a la mayoría.
Para la tradición liberal, más que el poder de la política de crear el derecho, la soberanía reside en el derecho (el imperio de la ley), y por lo tanto a él están sometidos incluso quienes tienen el poder y sus acciones. La función del estado, pues, no será crear un derecho que coincida con los proyectos e intereses de quien tenga el poder, sino de hacer que se observe.
No es casual ---por poner un ejemplo--- que en los debates constitucionales los liberales sean favorables a una neta distinción entre ejecutivo y legislativo, mientras que el resto de fuerzas políticas tiendan a identificar al jefe del ejecutivo con el jefe de la mayoría parlamentaria, sin percatarse de que de este modo la función legislativa y de control acaba identificándose con la gubernativa.
¿Quién debe gobernar? Según Popper, el problema fundamental de la política no consiste en si deben mandar los más sabios, los mejores, los más honestos, o también la raza mejor o el pueblo; sino en el de ser capaces de diseñar instituciones que impidan incluso a los malos gobernantes hacer mucho daño. Al imponerse las teorías rusonianas en las que las mayorías ostentaban tanto el poder ejecutivo como legislativo, se acabó por descuidar o hacer imposible, un control real de los gobernantes.
La filosofía política actual se ha centrado demasiado en el modo de elegir a los mejores a quienes confiar el gobierno, con lo que se ha conseguido identificar el problema del mejor régimen político con la adopción del mejor sistema electoral. Al eludir la cuestión del control de los gobernantes en cuanto se hace depender la solución del sistema electoral, se ha creado una casta política de gobernantes con el mismo poder de que disponían los regímenes no democráticos, solo parcialmente denostada por la existencia de las constituciones que también puede ser modificada por los mismos políticos. Un ejemplo claro de esta aberración lo tenemos actualmente con la aprobación del estatuto catalán, como no es constitucional en algunos aspectos ahora la pretensión de los nacionalistas es cambiar la constitución para que sea ésta la que adapte al estatuto.
El problema de la corrupción y la incapacidad mental de los gobernantes (como hombres falibles), mal endémico de toda época y tipo de régimen político, no podrá resolverse con la elección ni aún del mejor sistema electoral posible, sino con la reducción del poder de que disponen los políticos para imponer tributos y redistribuir los recursos.

Bibliografía, atlas del liberalismo, Raimondo Cubeddu, Unión editorial.
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EL LIBERALISMO Y EL MERCADO ( V )

La mayoría de las veces, ante los desastrosos intentos de inventar un sistema económico más eficaz que el mercado, se ha afrontado esta latente contraposición entre política y mercado concibiendo este último como un instrumento, dirigido por los políticos, para realizar fines o para asignar recursos. Se trata de una solución del problema que concilia fácilmente con la teoría de la soberanía entendida como primacía de la política. Pero cuando los límites, los poderes y las competencias de los estados nacionales se difuminan y los intentos de dirigir el mercado (que es ya un mercado global) resultan cada vez más veleitarios, esta solución entra en crisis. El mercado entonces reafirma y reclama su propia autonomía frente al estado nacional soberano, ya sea en lo referente a finalidades, o bien en lo que respecta a las normas de comportamiento de los agentes económicos.
El mercado puede interpretarse como ejemplo de un orden cuyas leyes se forman autónomamente pudiendo hallarse en conflicto con las que emanan del poder político. De ahí la convicción de que los políticos deben intervenir lo menos posible en el ámbito económico imponiéndole unos fines y normativas que, en la mayoría de los casos, acaban produciendo resultados indeseados tanto para los actores económicos como para el poder político y la sociedad.
En la perspectiva del liberalismo, el mercado no es tanto el sistema de producción y distribución de los recursos más eficaz que se conozca, como el resultado de un largo proceso cultural que permite satisfacer las y expectativas subjetivas independientemente de las decisiones y el control del poder político. En coherencia con la aspiración fundamental del liberalismo a la división, reducción y control del poder, esto permite también facilitar la solución de los contrastes sociales evitando que adopten formas radicales y rupturistas. Tal como puede suceder cuando una mayoría política impone sus intereses a la minoría.
La relación entre la política y el mercado es conflictiva en cuanto que ese caracteriza por la presencia de dos sujetos que reclaman el derecho a proclamarse soberanos: el poder político y el consumidor. En otras palabras, la lógica del mercado tiende a excluir la subordinación a entidades ajenas. Lo cual, sin embargo, no significa que el mercado tenga que situarse por encima de la política y ocupar su puesto. Y tampoco significa que su funcionamiento sea indiferente a la política, a la ética y al derecho. Significa simplemente que el mercado es parte de un sistema más complejo, espontáneo y autónomo de producción de derecho y de normas.
Los intentos de subordinar el mercado a la política se apoyan (desde hace siglos) en dos tesis fundamentales. La primera (propia de la derecha o conservadores) es que se trata de un lugar donde chocan interese subjetivos que, al no lograr armonizarse, producen inestabilidad social y luchas que hacen imposible la convivencia civil ordenada. La segunda tesis (propia de la izquierda, socialistas de diversa inspiración) es que los mecanismos de producción y distribución de la riqueza propios de una economía de mercado son insatisfactorios desde el punto de vista ético-político y que, por lo tanto, resultan necesarias ciertas correcciones en la dirección de una justicia distributiva social. La solución a estos problemas radica siempre en la subordinar el mercado al poder político y atribuir a este último la potestad de realizar aquella justicia social que el proceso del mercado y la dinámica de las fuerzas económicas en conflicto no serían capaces de realizar espontáneamente.
Los defensores de tales soluciones en la actualidad parecen no haber aprendido nada de los estrepitosos fracasos que se han producido, de manera reiterada a lo largo de la historia, cada vez que se ha intentado subordinar la esfera económica a la política. ¿Es el mercado un lugar carente de leyes en el que sobrevive y se impone siempre el más fuerte? ¿O quizás lo que ocurre es que a veces el mercado se dirige a rumbos que no concuerdan con los fines, proyectos e intereses de quien tiene el poder político y la fuerza física para imponer sus normas?
Cabe pues, preguntarse si la solución de los que consideran el mercado como un instrumento para realizar fines ético-políticos es preferible a la de los que lo entienden como un proceso social de descubrimiento en constante cambio, que tiende a seleccionar aquellas normas y usos que con la experiencia se han revelado como mejores a la hora de solucionar los conflictos.
Finalmente ha quedado constatado que el resultado de las políticas intervencionistas inspiradas en el deseo de alcanzar determinados objetivos sociales ha sido, por desgracia, el de transformar el estado de entidad super partes en una parte social. La insistencia sobre la auspiciabilidad de ciertos objetivos ha generado así la sospecha de que no se trata de un bien común, sino, como siempre ha sucedido, de los intereses de los gobernantes de turno y de la ramificada clase política y social en el poder.

Bibliografía, Atlas del Liberalismo, Raimondo Cubeddu, Unión Editorial.
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LA CATALÁCTICA (IV)

El sistema de los intercambios recíprocos, o cataláctica, se ha definido también como proceso de descubrimiento y sistema de información a través de los precios. De este modo los individuos parten de conocimientos subjetivos para alcanzar a través del proceso de comparación entre las diversas soluciones propuestas, la que consideran mejor; o bien a la solución que consigue resistir el mayor número de críticas, y logra resolver los problemas comunes con el menor número de consecuencias imprevisibles no deseadas.
Desde este punto de vista se comprende por qué, para el liberalismo contemporáneo, la relación entre política, ética y mercado no es una relación de subordinación, sino una delicada relación de equilibrio constantemente expuesto a romperse o a transformarse por la aparición de nuevas situaciones. El proceso de la cataláctica no tiende a premiar las motivaciones o el esfuerzo individual sino las soluciones socialmente más convenientes.
Otra de sus características es la de dejar constantemente abierta la posibilidad de cambios y mejoras. Las condiciones para que se produzca este proceso, que es un proceso social, son las mismas sobre cuya base se definió el liberalismo: la posibilidad de discutir problemas comunes en condiciones de absoluta libertad. Por ello la cataláctica se basa en dos condiciones fundamentales: la libertad individual y el mantenimiento de las reglas; resulta ahora más clarificada la definición de liberalismo como una teoría del orden basada en la libertad individual.
En la perspectiva liberal, el nacimiento, la transformación y el declive de las instituciones sociales y las herramientas de relación entre los individuos forman parte de este proceso. De manera que cuando una institución o una herramienta ya no aporta los resultados adecuados, se transformará par mejorar o incluso desaparecerá para dejar paso a nuevas instituciones o herramientas. Un caso claro de intromisión en este proceso sería la imposición como herramienta obligatoria, por parte de partidos nacionalistas, del uso de lenguas que el proceso de mercado deshecha por inoperantes o poco competitivas.
Una de las funciones del estado en este proceso es propiciar ese clima de libertad individual y evitar la concentración de conocimientos en unos pocos individuos, los monopolios, de forma que estos pocos no puedan manipular el proceso para su propio beneficio. Podemos definir así a la cataláctica como aquel proceso de crecimiento y de distribución social del conocimiento del que todos los individuos pueden beneficiarse y servirse, si así lo desean.

Bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo Cubeddu, Unión editorial.
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CRISIS DEL LIBERALISMO (III)

Aunque el periodo a caballo entre los siglos XIX y XX se cita como la edad de oro del liberalismo en realidad fue en aquellos años cuando el liberalismo entró en crisis.
El mayor problema surgió cuando el liberalismo no supo conciliar el ideal de libertad individual con las nuevas exigencias políticas y económicas de las clases emergentes populares. Primero empezó negando la legitimidad de las nuevas instancias de participación política encerrándose en un estéril conservadurismo y apoyando las medidas represivas de los estados en una espiral diametralmente opuesta a la tradición liberal. Otro craso error fue la competencia de los políticos liberales con las nuevas ideologías en su propio terreno, concediendo mucho en el plano de los principios con tal de conservar el poder. El resultado fue la transformación del liberalismo en una teoría elitista, casi indistinguible de las teorías democrática y social reformista y aceptando al estado como instrumento para realizar los derechos y alcanzar los fines. Se impuso la creencia de que para evitar que se afirmaran las ideologías adversas, era necesario mantener el poder a toda costa, incluso aumentando las competencias del estado. De este modo el enemigo estado, acabó convirtiéndose en el instrumento para mantener el “status quo.”
Hasta los años veinte no hay cambios significativos en la tradición liberal, sino sólo estériles defensas de la tradición e intentos de perseguir las ideologías democráticas y socialistas en su propio terreno. Que, como es sabido, es el mejor modo de perder la guerra.
En una época que iba, aunque por distintos caminos: doctrinas positivistas, neo-hegelianas, socialista, marxistas, corporativistas y nacionalistas hacia un aumento de las competencias estatales, la autonomía de la esfera económica respecto a la política, que los primeros teóricos del liberalismo concibieron como salvaguardia de las libertades individuales y como condición de un eficaz funcionamiento del mercado competitivo, no solo se transformó en una de las principales acusaciones de los críticos del liberalismo, sino por desgracia en la praxis de la clase política liberal.
Como escribió Lord Acton (1834-1902) “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Sin embargo la verdadera identidad del liberalismo ha permanecido a través del tiempo como solución a la contraposición entre ideologías de derechas y de izquierdas que empezó a perfilarse en aquellos años, y que habría de tener el letal efecto de relegar a segundo plano el problema de la inherente maldad del poder y de la corrupción que de ello se deriva. Se empezó así a creer que el poder podría ser bueno o malo según quien lo ejerciera. Los exponentes de la derecha pensaban que sería malo cuando lo ejerciera la izquierda, y viceversa.

Bibliografía, Raimondo Cubeddu, Unión Editorial.
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NOCIONES DE LIBERALISMO (I)

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Conviene empezar distinguiendo lo que diferencia al liberalismo como teoría política, del enrevesado conjunto de pensadores que desde la época clásica han venido tratando el tema de la libertad humana. Lo que distingue al liberalismo de esta tradición intelectual, también conocida como “republicanismo”, es su convicción de que el mejor régimen político no es el producto nacido de una educación comunitaria en la virtud, sino el resultado de un aumento de las posibilidades de opción individuales.
Locke en razón de su teoría sobre los derechos naturales y sobre todo de la propiedad individual, es considerado como el fundador del liberalismo pero tal palabra no fue usada hasta principios del XIX, y más concretamente por los intelectuales españoles que dieron a luz a la “Constitución de Cádiz” de 1812. Hasta el punto que se podría definir el liberalismo como la conciencia de la interdependencia entre política y economía, en el sentido de que no puede haber libertad política sin libertad económica, y viceversa.
Dado que no es creíble que exista un único modo de mejorar la condición humana, todo individuo debe ser libre para mejorarla como le parezca, con el único límite del respeto a los derechos y opciones del resto de individuos.
De todo esto se desprende que el liberalismo se sitúa entre los dos extremos de la libertad individual y de la exigencia de un orden y se basa en la teoría de la acción humana, cuyo fin es tratar de prever las consecuencias de las acciones humanas realizadas para alcanzar determinados fines.
Así pues, el viaje al liberalismo partirá de lo que se conoce como tradición liberal: o sea la teoría de los tres poderes entendida como remedio institucional para limitar y reducir el poder de los estados y los políticos.
Es interesante a este respecto leer el comienzo de la obra de Hayek, uno de los principales representantes de la teoría liberal del siglo XX, titulada Derecho, legislación y libertad:

Cuando Montesquieu y los padres de la Constitución americana, basándose en ideas surgidas en Inglaterra, articularon el concepto de una constitución limitadora de los poderes del gobierno, establecieron el modelo según el cual el constitucionalismo liberal ha venido desarrollándose desde entonces. Animábales, sobre todo, la idea de proporcionar una adecuada salvaguardia institucional a la libertad individual, sirviéndose para ello de artificio de la separación de poderes. Como es sabido, dicha dispersión de poder entre los órganos legislativos, judicial y administrativo no ha permitido alcanzar los objetivos deseados. Todos los gobiernos han logrado, por medios constitucionales, disponer de los poderes que aquellos hombres precisamente pretendieron negarles. Evidénciase así el fracaso de este primer intento de garantizar la libertad individual a través de la salvaguardia constitucional.

Bibliografía: Atlas del liberalismo, Raimondo Cubeddu, Unión Editorial.
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