Juan J. Molina

Juan J. Molina
Juan J. Molina

miércoles, 28 de julio de 2010

EL LIBERALISMO Y EL ESTADO (X)


Entre las etapas del proceso que tienden a distinguir al liberalismo del estatalismo se halla la teoría de Menger, según la cual el lenguaje, la religión, el derecho, el estado, los mercados, la competencia, el dinero, los precios, o sea aquellas instituciones sociales que “sirven al bien común y que tienen una importancia fundamental para su desarrollo”, han surgido “sin una voluntad común orientada a su fundación”. Menger y la escuela austriaca desarrollan esta tesis y advierten que la política no puede tener la función de promover la virtud y que toda opción colectiva lleva una carga de coacción que no se puede legitimar y que, en todo caso, convendría ir reduciendo hasta llegar a su eliminación. Las instituciones sociales no son, pues, la forma política en la que se produce aquel proceso común de educación en la virtud que producirá el mejor régimen político, sino sólo los instrumentos con los que los individuos pueden tener informaciones acerca de la realizabilidad de sus expectativas individuales y sus costes individuales y sociales.
La tradición liberal siempre ha mostrado un gran recelo hacia el estado, liberales como Paine lo definieron como “un mal necesario”, Bastiat como “una gran ficción mediante la cual todos tratan de vivir a costa de todos” o Spencer formula el “derecho a ignorarlo”. Una de las motivaciones para explicar esta actitud es el propio nacimiento y evolución de las instituciones políticas que lo hicieron para garantizar ciertos derechos individuales o gremiales anteriores a ellas.
La actitud frente al estado constituye el fundamento de la gran ruptura del movimiento político liberal que, a finales del siglo XIX, y a lo largo de todo el siglo XX ---aunque manteniendo inicialmente el firme valor de la libertad individual como fundamento del régimen óptimo--- se divide precisamente respecto al papel y a la función del estado en el fomento y desarrollo de las libertades individuales.
Nadie discute que el liberalismo surgió como una doctrina de élite. El hecho es que la característica de esta élite era precisamente la crítica al poder político, o sea del estado absoluto. Después la confrontación entre la teoría y la práctica, los conocidos efectos del poder (quien lo tiene tiende a mantenerlo), la entrada de las masas populares en la política y la difusión de las ideologías socialistas determinó un cambio sustancial en la actitud de los liberales frente al estado, y les llevó a caer en un error casi inevitable, configurándose en una técnica política cuyo fin ---la promoción de la libertad individual y la realización de instituciones liberales--- debe alcanzarse en el ámbito del estado y solo confiándolo a especialistas. Los políticos liberales temerosos de ser desalojados del poder por los nuevos partidos democráticos y socialistas, comenzaron una lucha por el electorado en un terreno desconocido para ellos (que no disponían de teorías estatalistas puesto que eran su antítesis) y sucumbieron a la necesidad de utilizar al estado con las mismas finalidades que los otros partidos políticos: la justicia social mediante el intervencionismo en la redistribución de la riqueza producida por el sistema económico capitalista. Esto les llevó a su práctica desaparición como fuerza política importante.
La concepción política liberal del estado como fenómeno que hay que limitar venía así a disiparse, dejando el campo libre a un intervencionismo finalista. El estado se convirtió en un instrumento que hay que controlar para alcanzar ciertos fines, como el mantenimiento del poder, la ampliación de la esfera de libertad o la realización de la justicia social.
En la relación entre sociedad y estado podemos distinguir dos tipos de modelos políticos el nomocrático, correspondiente a sociedades abiertas; y el teleocrático, caracterizado por el binomio planificación-legislación o sociedad cerrada.
Los modelos políticos teleocráticos se caracterizan por ser organizaciones finalistas que se justifican por la bondad de los fines que se proponen o por un presunto finalismo de la historia, los modelos nomocráticos pueden prescindir de tal justificación por el hecho de que no son modelos de organización sino de orden.
Así pues la clave de la distinción entre las numerosas corrientes de la filosofía política moderna y entre el verdadero y falso liberalismo debe buscarse en la actitud frente al estado, a su naturaleza y función, y no en la inconsistente distinción entre derechas e izquierdas. Para la tradición liberal, el estado es una solución que, a pesar de sus innegables exitos, no puede ni debe absolutizarse. El estado es solo una de las instituciones sociales, y cuando pretende someter a todas las demás fracasa, ya que la evolución de las demás instituciones no puede ---por falta de conocimiento--- ser controlada y dirigida eficazmente por la élite que guía al estado.
El estado nacional intervencionista caracterizado por el binomio legislación-planificación, que surgió, se aceptó y justificó como el mejor instrumento para racionalizar el mercado, se halla actualmente inmerso en una crisis. Por consiguiente, el coste intervencionismo estatal (ineficiencia, , concentraciones de poder no sometidas a controles reales, insoportable presión fiscal y consiguiente fraude, corrupción, ausencia de responsabilidad, etc.), si por una parte constituye el mayor obstáculo para realizar los ideales que habían inspirado su concepción, por otra parte aparece como un peligro para el mantenimiento de los derechos individuales no solo de carácter económico, sino también de carácter civil (libertad de información, de instrucción, etc.).
Queda por ver si su superación se producirá en la dirección de la globalización del mercado competitivo, o en la dirección de la descomposición de los estados nacionales y del nacimiento de estados supranacionales-consensuales.
La fusión entre la tradición política democrática y la liberal ha terminado por producir un híbrido en el que se ha perdido la conciencia de que la única justificación posible del estado es la de garantizar los derechos naturales de los individuos.

Bibliografía, Atlas del liberalismo, Raimondo Cubeddu, unión editorial.
CONTINUACIÓN

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