EL LIBERALISMO Y EL MERCADO ( V )

La mayoría de las veces, ante los desastrosos intentos de inventar un sistema económico más eficaz que el mercado, se ha afrontado esta latente contraposición entre política y mercado concibiendo este último como un instrumento, dirigido por los políticos, para realizar fines o para asignar recursos. Se trata de una solución del problema que concilia fácilmente con la teoría de la soberanía entendida como primacía de la política. Pero cuando los límites, los poderes y las competencias de los estados nacionales se difuminan y los intentos de dirigir el mercado (que es ya un mercado global) resultan cada vez más veleitarios, esta solución entra en crisis. El mercado entonces reafirma y reclama su propia autonomía frente al estado nacional soberano, ya sea en lo referente a finalidades, o bien en lo que respecta a las normas de comportamiento de los agentes económicos.
El mercado puede interpretarse como ejemplo de un orden cuyas leyes se forman autónomamente pudiendo hallarse en conflicto con las que emanan del poder político. De ahí la convicción de que los políticos deben intervenir lo menos posible en el ámbito económico imponiéndole unos fines y normativas que, en la mayoría de los casos, acaban produciendo resultados indeseados tanto para los actores económicos como para el poder político y la sociedad.
En la perspectiva del liberalismo, el mercado no es tanto el sistema de producción y distribución de los recursos más eficaz que se conozca, como el resultado de un largo proceso cultural que permite satisfacer las y expectativas subjetivas independientemente de las decisiones y el control del poder político. En coherencia con la aspiración fundamental del liberalismo a la división, reducción y control del poder, esto permite también facilitar la solución de los contrastes sociales evitando que adopten formas radicales y rupturistas. Tal como puede suceder cuando una mayoría política impone sus intereses a la minoría.
La relación entre la política y el mercado es conflictiva en cuanto que ese caracteriza por la presencia de dos sujetos que reclaman el derecho a proclamarse soberanos: el poder político y el consumidor. En otras palabras, la lógica del mercado tiende a excluir la subordinación a entidades ajenas. Lo cual, sin embargo, no significa que el mercado tenga que situarse por encima de la política y ocupar su puesto. Y tampoco significa que su funcionamiento sea indiferente a la política, a la ética y al derecho. Significa simplemente que el mercado es parte de un sistema más complejo, espontáneo y autónomo de producción de derecho y de normas.
Los intentos de subordinar el mercado a la política se apoyan (desde hace siglos) en dos tesis fundamentales. La primera (propia de la derecha o conservadores) es que se trata de un lugar donde chocan interese subjetivos que, al no lograr armonizarse, producen inestabilidad social y luchas que hacen imposible la convivencia civil ordenada. La segunda tesis (propia de la izquierda, socialistas de diversa inspiración) es que los mecanismos de producción y distribución de la riqueza propios de una economía de mercado son insatisfactorios desde el punto de vista ético-político y que, por lo tanto, resultan necesarias ciertas correcciones en la dirección de una justicia distributiva social. La solución a estos problemas radica siempre en la subordinar el mercado al poder político y atribuir a este último la potestad de realizar aquella justicia social que el proceso del mercado y la dinámica de las fuerzas económicas en conflicto no serían capaces de realizar espontáneamente.
Los defensores de tales soluciones en la actualidad parecen no haber aprendido nada de los estrepitosos fracasos que se han producido, de manera reiterada a lo largo de la historia, cada vez que se ha intentado subordinar la esfera económica a la política. ¿Es el mercado un lugar carente de leyes en el que sobrevive y se impone siempre el más fuerte? ¿O quizás lo que ocurre es que a veces el mercado se dirige a rumbos que no concuerdan con los fines, proyectos e intereses de quien tiene el poder político y la fuerza física para imponer sus normas?
Cabe pues, preguntarse si la solución de los que consideran el mercado como un instrumento para realizar fines ético-políticos es preferible a la de los que lo entienden como un proceso social de descubrimiento en constante cambio, que tiende a seleccionar aquellas normas y usos que con la experiencia se han revelado como mejores a la hora de solucionar los conflictos.
Finalmente ha quedado constatado que el resultado de las políticas intervencionistas inspiradas en el deseo de alcanzar determinados objetivos sociales ha sido, por desgracia, el de transformar el estado de entidad super partes en una parte social. La insistencia sobre la auspiciabilidad de ciertos objetivos ha generado así la sospecha de que no se trata de un bien común, sino, como siempre ha sucedido, de los intereses de los gobernantes de turno y de la ramificada clase política y social en el poder.

Bibliografía, Atlas del Liberalismo, Raimondo Cubeddu, Unión Editorial.
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