El estado español en su conjunto es insostenible, por Jose Manuel Areces de Ávila

Está demostrado que a mayor crecimiento de la burbuja burocrática, los niveles de libertad individual descienden en picado y la sociedad civil pierde masa crítica y soberanía.
Muchos Ayuntamientos se encuentran a punto de entrar en quiebra este verano y no podrán pagar, entre otras cosas, las nóminas de sus trabajadores, ni tampoco ofrecer servicios, pero no olvidemos que la responsabilidad es de los políticos que han generado plantillas insostenibles. Gran cantidad de esos Alcaldes que hoy piden ayuda a gritos llevan 20 años en el cargo y han creado la burbuja burocrática. Son responsables.

En 30 años la nómina de empleados públicos no ha parado de crecer como la espuma. Dos son las principales razones de este crecimiento desmedido a mi juicio, de una parte el sistema clientelar por el cual los políticos de todo estrato de gobierno reparten dádivas mediante el empleo público de amigos, familiares y compañeros. La otra razón es el intervencionismo, la política en España se entiende como intervenir prácticamente en todos y cada uno de los aspectos que rodean a la vida de los ciudadanos, cada acción de gobierno implica generar una normativa, la cual a su vez se acompaña de una dotación presupuestaria y personal para aplicarla. El intervencionismo genera una espiral infinita. Otra consecuencia inevitable de dicho intervencionismo es que adocena las libertades individuales, hace que los ciudadanos sean menos autosuficientes y demanden mayor participación y ayuda al estado, lo cual los hace corresponsables del problema.

El Estado ya emplea a casi tantos trabajadores como habitantes tiene la Comunidad de Navarra y supera, con mucho, la población de la ciudad de Málaga. Según los datos publicados por el Ministerio de Economía, el personal al servicio del sector público estatal aumentó en un 1,5%, es decir, en 9.039 empleados.

Partitocracia
Otro dato de interés para comprender el volumen de la burbuja burocrática es el número de políticos y dirigentes de partidos que viven de los impuestos de todos los españoles. Es decir, el imperio de la partitocracia. Estas son las cifras:

1 presidente del gobierno, 17 ministros, Hay diecisiete autonomías, diecisiete presidentes, 54 eurodiputados, 350 diputados en el congreso, 264 senadores, 1.179 diputados autonómicos, 195 consejeros y vicepresidentes autonómicos, En las autonomías hay unos 1.629 directores generales; asesores, consejeros personales y gabinetes presidenciales aparte; 1.151 diputados provinciales, 8.086 alcaldes, 56.000 concejales. No contamos entes públicos, empresas dependientes de la administración, fundaciones y otros organismos públicos autónomos.

A continuación se encuentra toda la masa de empleados que sostienen y alimentan al leviatán: la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con 234.821 empleados públicos, un 9% del total. Si al personal de los ministerios se añaden los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y otras entidades y organismos públicos, la cifra se eleva hasta los 561.551 trabajadores, un 21,7% del total. Las universidades, por su parte, cuentan con 97.849 efectivos, un 3,8% del total. También hay 9.300 personas trabajando para el Estado en el extranjero.

Las comunidades autónomas controlan más de 1,3 millones de empleados públicos, lo que supone un 50,4% de los 2,5 millones de funcionarios que trabajan para todas las administraciones públicas de España, las administraciones locales, cuentan con un personal de 623.214 trabajadores, es decir, un 24,1% del total

Dada la transferencias de competencias de los últimos años, las comunidades son las que cuentan con un mayor número de funcionarios -1,3 millones-, seguidas de las entidades locales -623.000 empleados- y la Administración General del Estado en cada autonomía -561.000-, a los que hay que sumar otros 97.800 trabajadores de las universidades.

En el conjunto de España hay 2.582.846 personas trabajando para las instituciones estatal, autonómica o local, así como en las universidades y, por sexos, existe casi el mismo número de hombres que de mujeres (1.227.030 y 1.355.816, en cada caso).

A mayor número de funcionarios, aumenta la pobreza en la región
La comunidad más pobre de España es Andalucía que sin embargo cuenta con 489.671 funcionarios, de los cuales 254.094 están al servicio de la comunidad autónoma, mientras que otros 128.444 trabajan en los distintos entes locales, como ayuntamientos o diputaciones provinciales, y otros 88.122 pertenecen a la Administración General del Estado.

Tras Andalucía se encuentra Madrid, con 415.000 funcionarios en general, y es la única región donde el personal de la Administración estatal (164.557 personas) supera al de la propia autonomía (159.000).

Además de Ceuta y Melilla, con 9.296 y 9.300 funcionarios, respectivamente, las comunidades con menos trabajadores al servicio de las distintas autonomías son La Rioja (16.489), Navarra (31.398) y Cantabria (32.769).

Se suponía que con las transferencias de competencias, el personal del estado central pasaba a las Comunidades autónomas, pero lo cierto es que esto no se ha considerado suficiente. Sólo en los últimos diez años, el número de funcionarios ha aumentado en estas administraciones en 600.000, es decir, un 92%. En orden de mayor a menor lideran Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia y Castilla y León.

Las comunidades autónomas que cuentan con menos empleados públicos son las más ricas, lo cual demuestra que superar determinado umbral de funcionarios genera mayor gasto, aumenta la dependencia social, desciende la iniciativa privada e incrementa los impuestos. En definitiva a mayor número de empleados públicos, mayor pobreza.

Las comunidades autónomas son totalmente ineficientes, y en el caso de las comunidades que son gobernadas por partidos separatistas, el gasto se dispara, porque a la financiación necesaria para gestión y administración, se une el gasto en política lingüística, cultural, embajadas, y demás gastos superfluos, lo que hace que no paren de exigir mayor dotación presupuestaria al estado central año tras año, lo cual redunda en mayor inestabilidad política. Cataluña desciende puestos en riqueza años tras año, ya se ha visto superada por Madrid y Valencia, lo cual significa que las políticas de racismo, y separatismo generan pobreza y destruyen la economía. Aumenta la inseguridad jurídica, se rompe el comercio interior nacional, genera odios y divisiones entre los ciudadanos y rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos.

“La proliferación de leyes regionales implica, en algunos casos, que las empresas tienen que enfrentarse a 17 marcos regulatorios diferentes en su mercado doméstico, que plantea obstáculos y costes más altos para las compañías privadas”, dice Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Este proceso ha incrementado los temores de una ruptura de un mercado interno de 46 millones de habitantes.

Los hechos diferenciales, enmascaran una voracidad presupuestaria sin igual, dividen a la nación y rompen el principio democrático de igualdad ante la ley.

Las comunidades autónomas generan además grandes ineficiencias y un tremendo caos administrativo, por ejemplo la falta de movilidad profesional a causa de problemas lingüísticos, así es más fácil contratar médicos extranjeros que de otra comunidad autónoma. No se puede acudir con la misma receta a otra comunidad, lo cual perjudica a enfermos crónicos en sus desplazamientos. Existen 17 permisos de caza y pesca, y 17 normativas distintas según el territorio. La lista es larga. En España tenemos el mismo número de coches oficiales que en Estados Unidos (30.000),

El estado de las autonomías es el paraíso de la burocracia, y un vergel para la profesión de la política, pero fuera de estas dos castas laborales, lo cierto es que nos alejamos del concepto de estado moderno, eficaz y barato, y caminamos hacia el pasado y la pobreza. Las consecuencias de la burbuja administrativa que vive España se ven reflejadas en la baja competitividad de nuestras empresas, el cierre de muchas de estas que no pueden soportar la carga fiscal y normativa, y favorecemos el crecimiento de países competidores nuestros en detrimento de nuestra sociedad.

¿Realemente necesitan ustedes más datos para darse cuenta del tamaño de la burbuja?

Se ha cruzado hace muchos años la barrera invisible en la que el estado estaba al servicio de los ciudadanos para pasar a estar al servicio de sí mismo.
Se dice por ahí que las ideologías han muerto, que hoy ese debate resulta esteril. No solamente discrepo de este argumento, sino que afirmo que se precisa un debate ideológico de calado, y que este ha de partir de la propia sociedad. La actual alianza partitocrática y burocrática aliena por puro interés el debate ideológico y lo sustituye por el marketing electoral. El español medio no vota a una ideología sino a una marca. Un simple dato, ségún una encuesta reciente más de la mitad de los andaluces no sabe que Jose Antonio Griñán es el Presidente de su Comunidad Autónoma, sin embargo el PSOE gana mayoritariamente en esta región. ¿cual es la exlicación más plausible?. La Casta anula el debate ideológico en favor del marquismo y el cromatismo político. El debate gira entorno al partidismo de colores, usted puede ser verde, rojo o azul, no se aceptan más apuestas. Nos dicen que a mayor número de partido el país sería ingobernable a causa de la inestabilidad, ¿por qué?. Lo que hace gobernable y estable un parlamento es el diálogo y el debate, pertenecer a un partido que anula las opiniones de sus representantes en favor de la opinión única y la disciplina de partido es anular la libertad individual. El último estado de la nación ha sido un ejemplo manifiesto de un espectáculo de hinchas de dos bandos silbándose o aplaudiendo al lider respectivo, pero de ideas y propuestas poco hemos visto. Ese frentismo se traslada a la sociedad con el fin de anular ideas, independencia y libertad.

Se ha producido en estas últimas décadas una simbiosis perversa entre partitocracia y burocracia. Así la mayor parte de nuestros políticos son funcionarios de carrera, hay pocos o casi ningún empresario, autónomo o profesional liberal. A su vez los partidos hacen ingresar a sus huestes en la administración a través de cargos de confianza y luego, mediante subterfugios, consolidan esos puestos de trabajo como fijos. Por tanto, hemos llegado a un punto en el que la endogamia entre ambas castas ha devenido en una sola y gran familia, que detenta el poder y pugna por sostener el modelo. Consecuencia: entrar en política en España es un ejercicio destinado al fracaso si no se procede de la casta, vease el caso Pizarro. La casta anula la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, desacredita publicamente al independiente, con la connivencia de los medios de comunicación, anula civilmente al que discrepa y le destina al ostracismo público y político.

La solución a estos males se encuentra en el liberalismo, cuyos mayores enemigos, precisamente, son los más poderosos de este país. Políticos intervencionistas que han centrado su vida profesional en vivir a costa del erario público, y funcionarios, ambas castas dominan todos los resortes del poder y serían las primeras bajas de la guadaña liberal. La crisis económica ha puesto de manifiesto que continuar en la senda del intervencionismo político, y conceder mayor autogobierno a las regiones, no va ya en menoscabo de la libertad del individuo, sino que nos aboca al pasado, a la ineficiencia y a la dictablanda de la burocracia, y lo mas peligroso, a la ruína económica.

El crecimiento y la competitividad de una nación solo pueden desarrollarse en un marco de libertad, la prosperidad trae la felicidad a los individuos, y en este momento en España solo gozan de prosperidad y seguridad unos pocos privilegiados, la masa funcionarial y los políticos por encima del resto, a la que llamamos “La Casta”. En democracia no se puede admitir esta situación ininterrumpidamente sin que se camine al desastre. Conforme pase el tiempo estas diferencias sociales en cuanto a derechos se harán más patentes y por tanto será más cierta la posibilidad de una revolución.

Es preciso la formación de un partido liberal unificado que esté en condiciones de concurrir a las urnas, para ello se precisa reunir a las distintas tribus del liberalismo español, es necesario, no ya solamente, por cuestiones de necesidad patentes, sino de puro patriotismo. También se hace preciso limpiar la mal traída imagen de las ideas liberales en España, con pedagogía y discurso. El pueblo en su cojunto desconoce esta filosofía política y solo identifica los tópicos empleados por los enemigos del liberalismo, acusados desde la izquierda de capitalismo salvaje, y desde el conservadurismo como enemigos de la religión y el orden.

El liberalismo reformista en estos momentos es la única salida viable para construir una democracia moderna en España, para dar rescate a la soberanía nacional y regenerar las libertades individuales, para devolver el equilibrio territorial, salvagurdar la seguridad jurídica y para lograr una economía en prosperidad que asegure un futuro prospero en igualdad a todos los ciudadanos.