Presidente de Guatemala propone la legalización de drogas, POR JUAN CARLOS HIDALGO

Iba a suceder tarde o temprano. Hace tres años, un trío de ex presidentes latinoamericanos denunció la prohibición de las drogas e hizo un llamado a “romper el tabú” en la discusión de políticas alternativas como la despenalización. Unos meses más tarde tuvimos a un ex presidente mexicano pronunciándose a favor de la legalización completa de todas las drogas. A finales del año pasado, el actual presidente colombiano dijo que él favorecería la legalización si “el resto del mundo así lo decide”. Este fin de semana, el actual presidente de Guatemala dijo que propondrá la legalización de las drogas para América Central en una próxima cumbre regional.
Otto Pérez Molina se convierte así en el primer Jefe de Estado en ejercicio en proponer el fin de la guerra contra las drogas. Al ser un ex general conservador cuya campaña prometió una “mano dura” contra el crimen organizado, Pérez Molina resulta ser un sorpresivo defensor de adoptar una reforma sensible en política de drogas. Como lo describe en su propuesta: “No sería un crimen el transporte ni el movimiento de las drogas. Todo tendría que ser regulado”. Pérez Molina dice que con la legalización, “Se estaría quitando el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de armas y la corrupción que ha penetrado en fiscales, jueces, policía e instituciones completas en el Gobierno, problemas que no sólo afectan a nuestro país, sino a la región”.
América Central es uno de los campos de batalla más cruentos en la guerra contra las drogas impuesta por Washington. Guatemala, junto con sus vecinos Honduras, El Salvador y Belice, están entre los países más violentos del mundo. La mayor parte de la violencia proviene de las guerras territoriales entre pandillas juveniles, pero los cárteles de droga mexicanos están intensificándola a medida que amplían su influencia y operaciones en la región.

Como dijo Pérez Molina, la mayor debilidad de América Central en su lucha contra el crimen organizado es su fragilidad institucional. Jueces, policías, políticos y soldados son fácilmente comprados por los cárteles. A pesar de aumentar sus presupuestos de seguridad en un 60% en los últimos cinco años, los países centroamericanos gastaron aproximadamente $4.000 millones en seguridad y justicia en el 2010. Esa cifra empequeñece en comparación al estimado de $25.000-$35.000 millones que ganan cada año los cárteles mexicanos —que son los que manejan el narcotráfico en Centroamérica.
El problema con la propuesta de Pérez Molina es, por supuesto, Washington. América Central no es más que una zona de transporte de cocaína desde la región andina hacia México y luego a EE.UU. Se estima que el 90% de la cocaína consumida en EE.UU. pasa a través de Centroamérica. En los últimos meses también se han descubierto laboratorios de metanfetaminas en Guatemala, lo que podría indicar un desplazamiento de la producción de drogas sintéticas de México a América Central.
A pesar de representar un paso en la dirección correcta, la propuesta de legalizar las drogas en uno o todos los países centroamericanos difícilmente solucionará todos o la mayoría de los problemas asociados con el narcotráfico, especialmente si el resto del hemisferio mantiene la prohibición.
Sin embargo, esto no le resta importancia al hecho de contar con un presidente en ejercicio a favor de la legalización. El presidente Pérez Molina debería conversar pronto con Juan Manuel Santos de Colombia sobre este tema. Ambos podrían brindar un muy necesario liderazgo en un tema donde América Latina lo requiere desesperadamente.
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