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El salario mínimo interprofesional de España en 2012 es oficialmente de 641,4 euros al mes. Muchos son los liberales que insisten en que tan exigua cuantía bloquea la creación de empleo y muchos son los intervencionistas que consideran que su importe es ridículo y que debe aumentar de manera muy sustancial. Al cabo, ¿cómo puede siquiera insinuarse que un salario de 641,4 euros al mes es un sueldo demasiado elevado que bloquea la creación de nuevo empleo? ¿Quién puede vivir con menos de 641,4 euros al mes? ¿Y cómo pueden protestar los ricachones empresarios de que no pueden pagar apenas 641,4 euros mensuales?
Lo primero, como siempre, es no dejarse llevar por las impresiones iniciales. Es verdad que el salario mínimo bruto que mes a mes percibe el trabajador es de 641,4 euros, pero coincidiremos en que lo relevante para que el empresario decida contratar o no a un trabajador no es el salario que éste finalmente percibe, sino el que en debe abonar la compañía, le llegue en última instancia a él o no. Por ejemplo, si mañana el Gobierno instaura un impuesto del 50% sobre el salario mínimo, el obrero pasará a cobrar sólo 320 euros mensuales, pero al empresario no se le habrá abaratado lo más mínimo el coste de contratarlo.
¿Y cuál es el salario (o coste) mínimo que debe sufragar un empresario para poder contratar a un trabajador? No, desde luego, 641,4 euros al mes. Para empezar, el salario mínimo está compuesto por 14 pagas, no por 12, de modo que prorrateando las dos pagas extraordinarias llegamos a 748,3 euros al mes (8.980 euros anuales). A este importe, sin embargo, hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta el empresario y que, como mínimo, será del 29,9% (contingencias comunes, desempleo, formación profesional y FOGASA), esto es, de 2685 euros anuales, lo que totaliza 11.665 euros al año (972 euros mensuales).
Ahora bien, recordemos que esta remuneración es a cambio no de 12 meses de trabajo, sino de 11 (hay incluido un mes de vacaciones durante el cual el empleado cobra pero no trabaja). Si anualizamos este coste, llegaremos a la cifra de 12.725 euros por año de trabajo realmente realizado (o 1.060 euros mensuales). Pero aquí no acaba todo.
Por cada año que transcurre, el trabajador devenga un derecho de cobro en caso de despido, coste que, tras la última reforma laboral, asciende a 20 días por año trabajado (o a 33, si el despido es calificado de improcedente). Dada la crisis actual, podemos cuantificar el coste esperado del despido (asumiendo una probabilidad de despido del 40%) para un trabajador que perciba el salario mínimo en una horquilla de entre 200 y 300 euros anuales. Digamos, para manejar números redondos, que el coste salarial mínimo por ejercicio en España sería de 13.000 euros. ¿Termina aquí la cosa?
No. Existe un último coste que no suele tenerse en cuenta pero que, obviamente, debemos computar. Se trata del llamado "coste del capital", esto es, la rentabilidad mínima que espera obtener el empresario al contratar al trabajador. Algunos podrán considerar que es un coste redundante y que, en cualquier caso, no habría que imputárselo al trabajador. Pero se equivocan: una forma, comprensible, de verlo es imaginar que el empresario en cuestión no dispone de capital propio para contratar al empleado y que, por tanto, debe solicitar un crédito a alguna entidad bancaria; crédito por el cual deberá abonar intereses (esto es, un coste financiero que sí sería imputable al deseo de aumentar su plantilla). Pero es que, aun cuando el empresario sí dispusiera de un capital propio, ¿por qué debería destinarlo a contratar al trabajador si, por ejemplo, puede invertir sus ahorros en adquirir deuda pública española que proporciona una rentabilidad de entre el 4% y el 6% con riesgos (y quebraderos de cabeza) menores a los de contratar un nuevo trabajador? En definitiva, sí hay que tener en cuenta el coste de oportunidad de destinar los ahorros (o de pedirlos prestados) para abonar los salarios mes a mes. Pues bien, dado que el coste del capital, por el mayor riesgo, será superior al interés que ofrece la deuda pública, podemos fijarlo conservadoramente entre el 7% y el 10% (entre 910 y 1.300 euros anuales).
Por seguir con los números redondos, podemos concluir que el coste laboral mínimo en España se sitúa en 14.000 euros anuales o 1.166 euros mensuales, casi el doble de la cifra que se nos suele ofrecer en engañosos titulares periodísticos (y eso que dejamos fuera otros costes más difícilmente cuantificables como el papeleo o el de representación sindical, o que no consideramos el caso de los convenios colectivos de cada sector, que mejoran las condiciones mínimas legales).
Por supuesto, como decíamos, una cosa es el salario mínimo que percibe mes a mes el trabajador en su cuenta corriente (641 euros más dos pagas dobles) y otra el coste salarial que, debido a toda la vorágine regulatoria e intervencionista, debe asumir el empresario. Mi punto no es que el salario mínimo sea muy alto desde la perspectiva del trabajador, que obviamente no lo es en absoluto, sino que, sobre todo en momentos de crisis, puede ser demasiado alto desde la perspectiva del empresario (lo que no significa que la solución deba pasar necesariamente por recortar los salarios que percibe el trabajador, sino que bien puede plantearse la minoración del resto de sus costes asociados).
Pensemos simplemente en que todo empresario, a la hora de decidir si contrata o no a un trabajador adicional, se planteará si ese empleado es capaz de generar unos ingresos adicionales para su compañía de 14.000 euros al año. A aquellos que consideran que el salario mínimo es demasiado bajo y que no obstaculiza la creación de empleo habría que preguntarles si piensan que, en momentos como el actual, todos los empresarios saben como obtener, gracias al trabajo de una persona, ingresos adicionales de 14.000 euros. Yo, al menos, no lo veo tan sencillo.
Una pyme que, por ejemplo, requiera de cuatro personas para iniciar sus operaciones necesitaría contar con un plan de negocios que le proporcionara unos ingresos de, al menos, 56.000 euros anuales para ser rentable (y ello suponiendo que su único coste fuera la mano de obra). De hecho, en el conjunto de la economía, los cinco millones de parados no podrían ser incorporados al sistema productivo a menos que fueran capaces de crear bienes y servicios valorados por el mercado en, como poco, 70.000 millones de euros (lo que equivale a un crecimiento, con respecto a la situación actual, del 6,5%).
Incrementar, como desean algunos, el salario mínimo que percibe el trabajador a 1.000 euros mensuales elevaría el coste laboral mínimo a cerca de 23.000 euros anuales, lo que complicaría todavía más la recolocación de parte o de la totalidad de los cinco millones de parados (que deberían ser capaces de crear bienes y servicios valorados en 115.000 millones de euros). Por no hablar, claro está, de que todos aquellos obreros que contribuyeran a generar unos ingresos inferiores a 23.000 euros anuales tenderían a ser despedidos.
En suma, en muchas ocasiones, aquellos que dicen ser los mayores defensores de los trabajadores suelen ser, consciente o inconscientemente, sus principales enemigos.
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