Después de veinte meses de desastrosa gestión al frente del gobierno de la Generalitat y con los tribunales pisando los talones a los líderes de Convergència Democràtica de Catalunya –casos Palaue ITV–, Mas decidió abortar la legislatura con la excusa de que necesitaba contar con mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña para preguntar a los catalanes “si quieren que Cataluña sea un estado independiente de la UE”, algo que según el President podría lograrse en 24 horas. Ahora queReding, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha dejado claro que Cataluña quedaría fuera de la UE tras proclamar la independencia, convendría preguntar a los catalanes no qué van a pedir a los Reyes Magos estas Navidades, sino si “quieren que Cataluña continúe siendo una Comunidad Autónoma del Reino de España, un estado miembro de la UE”.
Dos razones de peso
Convendría hacer un referéndum, como ya hemanifestado en este diario, no porque sea partidario de la independencia –un concepto anacrónico, por cuanto rema en contra del espíritu aglutinador que ha forjado la UE, y profundamente reaccionario, por pretender erigir barreras para defender situaciones particulares privilegiadas–, sino por mera higiene democrática. Desde la manifestación del 11S, Mas no ha parado de autoproclamarse intérprete de la voluntad del ‘pueblo catalán’ –concepto amorfo muy caro a los regímenes ultranacionalistas y totalitarios–  y sería deseable conocer el apoyo real con que cuenta el independentismo en Cataluña. En las diversas oleadas de consultas por la independencia celebradas en Cataluña durante dos años, sólo 857.233 personas, el 20,5% del ‘censo’, votaron a favor. Éste es, hoy por hoy, el único indicador fiable del apoyo ciudadano a la iniciativa.
Convendría también hacer un referéndum porque para los catalanes que se sienten españoles resulta cada vez más insoportable vivir en una Comunidad Autónoma (CA) gobernada por partidos nacionalistas e independentistas que pretenden imponer su modelo de sociedad –una lengua, una cultura y una nación– aplicando leyes y directrices que coartan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y que si a algo recuerdan son a las normas represivas y métodos intimidatorios de la dictadura franquista. A esos catalanes no les consuela saber que, al igual que fracasó Franco en su pueril y odioso intento por ahogar la libertad de expresión y prohibir la enseñanza en catalán, también acabará sucumbiendo el obsoleto programa de uniformización postiza patrocinado ahora por los nacionalistas catalanes a modo de revancha. Estos catalanes lo que desean es aclarar de una vez por todas si como figura en sus documentos de identidad y pasaportes son españoles de primera, o están condenados a vegetar en una suerte de limbo donde el gobierno español mira hacia otro lado cuando se vulnera la libertad de expresión, educación, acceso a la función pública, cátedra y unidad de mercado. Para despejarles el horizonte hace falta celebrar un referéndum en Cataluña lo antes posible y conocer si el programa tradicionalista y reaccionario del independentismo cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes.
Un conflicto de intereses insoluble
Como no es posible dividir Cataluña ente los catalanes que quieren seguir formando parte de España y los que aspiran a alcanzar la independencia, ni tampoco hay ninguna fórmula equitativa para repartir el capital público acumulado en Cataluña y el resto de España tras cinco siglos compartiendo instituciones, leyes, moneda, mercados, fiscalidad, etc., la única fórmula civilizada para que Cataluña pueda alcanzar la independencia pasa por que el Estado español renuncie a la titularidad del capital público en Cataluña y a las subvenciones aportadas a empresas privadas catalanas, algo que Mas y los independentistas catalanes dan por sentado. El coste de la cesión de la titularidad resultaría incluso mayor de lo que acabo de sugerir, pues buena parte de las infraestructuras públicas en Cataluña responden a un diseño unitario y resultan imprescindibles para el buen funcionamiento del resto de la economía española.
La independencia de Cataluña plantea un conflicto de intereses de gran alcance e insoluble en la práctica, y sólo si una abrumadora mayoría de catalanes se manifestara a favor de la independencia –digamos más del 80% del censo– valdría la pena seguir explorando esta opción, a fin de establecer la cuantía de la indemnización que el nuevo estado tendría que pagar a España antes de constituirse en estado independiente. Y que nadie se engañe: la independencia incluso en este escenario democrático y civilizado resultaría también muy gravosa para el nuevo estado. Además de quedar fuera de la UE y perder una parte sustancial de los mercados español y europeo, Cataluña tendría que destinar recursos para proporcionar multitud de servicios ahora financiados por el Estado (defensa,  representación exterior, recaudación de impuestos, sistema judicial, pensiones, incapacidad, prestaciones a los desempleados, I+D+I, etc.) y pagar a España las indemnizaciones previamente acordadas. Cabe también, claro está, la posibilidad que el gobierno catalán ya ha insinuado de declararunilateralmente la independencia y proceder a ‘nacionalizar’ el capital y las empresas públicas propiedad del Estado español, un expolio que nos adentraría en un conflicto abierto entre los dos gobiernos cuyas consecuencias podrían resultar trágicas para todos.
Impulsar políticas de Estado
Entonces, ¿para qué un referéndum –se preguntarán– si el divorcio de mutuo acuerdo resulta imposible en la práctica? Precisamente para explicar a los catalanes la imposibilidad de alcanzar un acuerdo civilizado y satisfactorio para ambas partes. Habrá algunos catalanes a los que el corazón les pedirá seguir caminando hacia el acantilado a pesar de todo, pero confío en que la inmensa mayoría seguirá los dictados de la razón. Ante el tono cada vez más desleal y agrio que han adoptado Mas y Pujol, su mentor y guía, urge que los líderes del PP, ahora al frente del gobierno de España, y el PSOE, principal partido de la oposición, se sienten y pongan negro sobre blanco su proyecto para España, un diseño que puede contemplar incluso la posibilidad de incorporar a la Constitución un procedimiento legal para que cualquier CA pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. Luego, deberían explicarlo a todos los españoles, presentarlo en Las Cortes como una iniciativa conjunta y patrocinar la celebración de un referéndum para que, con conocimiento de causa, los catalanes digan si “quieren que Cataluña continúe siendo una Comunidad Autónoma del Reino de España, un estado miembro de la UE”.
PSOE, sobre todo, y PP tienen que abandonar su inhibición crónica que ha dejado la arena política en Cataluña en manos de partidos nacionalistas de derechas (CiU) y nacional-‘socialistas’ (PSC, ERC e ICV-EUiA). La estrategia de  apaciguamiento seguida hasta ahora por los gobiernos españoles, plegándose unas veces a las exigencias del gobierno catalán, y guardando las más un vergonzoso silencio, ha dejado de funcionar hace tiempo. En el empeño por forjar su Cataluña “una, grande y libre”, los políticos nacionalistas pretenden erradicar cualquier manifestación ‘impropia’ de la diversidad lingüística, cultural y política presente en la sociedad catalana, de ahí su oposición rotunda a que se implantara la tercera hora de lengua y literatura castellana en las escuelas hace unos años y su obsesión enfermiza por imponer el catalán en la vida pública y los medios de comunicación, de ahí la prodigalidad con que subvencionan tradiciones reinventadas (cuando no inventadas) al tiempo que prohíben la fiesta de los toros, de ahí su empeño en convertir actos oficiales y convenciones políticas en celebraciones cuartelarias de exaltación a la bandera. Y algunos catalanes pensamos que ya recibimos nuestra dosis de aceite de ricino durante la dictadura.
Una mirada esperanzada
Tengo fundadas esperanzas de que todavía somos mayoría los catalanes que queremos continuar viviendo en una Cataluña integrada en España, los que miramos con nostalgia a aquella Cataluña abierta que organizó los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 con el esfuerzo de todos los españoles, y los que estamos hartos de que el eje de la política de los gobiernos catalanes en la última década haya sido buscar la confrontación permanente con otras instituciones del Estado. Pero podemos dejar de serlo en unos años si renunciamos a disputar la pelota: a los nacionalistas hay que ganarles la partida, no recordando loslímites actuales de la Constitución, sino haciendo políticas de Estado y contraponiendo un proyecto sólido e integrador de España al errático designio de construcción nacional y marcado cariz totalitario que abandera el nacionalismo catalán de derechas e ‘izquierdas’. Así que si fuera Rajoy, me sentaría con Pérez Rubalcaba, haría los deberes, y propondría al Rey convocar un referéndum en Cataluña en 2013. A ellos, no a los independentistas catalanes, les corresponde llevar la iniciativa en este asunto, el reto político y económico más importante al que nos enfrentamos desde la aprobación de la Constitución en 1978.