LAS PERSPECTIVAS DE UN ORDEN INTERNACIONAL, (Resumen XVI, Hayek)

“De todos los frenos a la democracia, la federación ha sido el más eficaz y el más adecuado... El sistema federal limita yrestringe el poder soberano, dividiéndolo y asignando al Estado solamente ciertos derechos definidos. Es el único método para doblegar, no sólo el poder de la mayoría, sino el del pueblo entero.”

Lord Acton

En ningún otro campo ha pagado el mundo tan caro el abandono del liberalismo del siglo XIX como en aquel donde comenzó la retirada: en las relaciones internacionales. No es ya menester subrayar cuán pocas esperanzas quedan de armonía internacional o paz estable si cada país es libre para emplear cualquier medida que considere adecuada a su interés inmediato, por dañosa que pueda ser para los demás. En realidad, muchas formas de planificación económica sólo son practicables si la autoridad planificadora puede eficazmente cerrar la entrada a todas las influencias extrañas; así, el resultado de esta planificación es inevitablemente la acumulación de restricciones a los movimientos de personas y bienes.

Si los recursos de cada nación son considerados como propiedad exclusiva del conjunto de ésta; si las relaciones económicas internacionales, de ser relaciones entre individuos pasan cada vez más a ser relaciones entre naciones enteras, organizadas como cuerpos comerciales, inevitablemente darán lugar a fricciones y envidias entre los países. Una de las más fatales ilusiones es la de creer que con sustituir la lucha por los mercados o la adquisición de materias primas por negociaciones entre Estados o grupos organizados se reduciría la fricción internacional. Pero esto no haría sino sustituir por un conflicto de fuerza lo que sólo metafóricamente puede llamarse la «lucha» de competencia, y transferiría a Estados poderosos y armados, no sujetos a una ley superior, las rivalidades que entre individuos tienen que decidirse sin recurrir a la fuerza. Las transacciones económicas entre organismos nacionales, que son a la vez los jueces supremos de su propia conducta, que no se someten a una ley superior y cuyos representantes no pueden verse atados por otras consideraciones que el interés inmediato de sus respectivos países, han de terminar en conflictos de fuerza.

Los problemas que plantea la dirección consciente a escala nacional de los asuntos económicos adquieren inevitablemente aún mayores dimensiones cuando aquélla se intenta internacionalmente. El conflicto entre la planificación y la libertad no puede menos de hacerse más grave a medida que disminuye la semejanza de normas y valores entre los sometidos al plan unitario. Pocas dificultades debe haber para planificar la vida económica de una familia, y relativamente pocas para una pequeña comunidad. Pero cuando la escala crece, el nivel de acuerdo sobre la gradación de los fines disminuye y la necesidad de recurrir a la fuerza y la coacción aumenta. En una pequeña comunidad existirá unidad de criterio sobre la relativa importancia de las principales tareas y coincidencia en las normas de valor, en la mayoría de las cuestiones. Pero el número de éstas decrecerá más y más cuanto mayor sea la red que arrojemos; y como hay menos comunidad de criterios, aumenta la necesidad de recurrir a la fuerza y la coerción. Basta parar mientes en los problemas que surgirían de la planificación económica aun en un área tan limitada como Europa occidental, para ver que faltan por completo las bases morales de una empresa semejante. ¿Quién se imagina que existan algunos ideales comunes de justicia distributiva gracias a los cuales el pescador noruego consentiría en aplazar sus proyectos de mejora económica para ayudar a sus compañeros portugueses, o el trabajador holandés en comprar más cara su bicicleta para ayudar a la industria mecánica de Coventry, o el campesino francés en pagar más impuestos para ayudar a la industrialización de Italia?

Imaginarse que la vida económica de una vasta área que abarque muchos pueblos diferentes puede dirigirse o planificarse por procedimientos democráticos, revela una completa incomprensión de los problemas que surgirían. La planificación a escala internacional, aún más de lo que es cierto en una escala nacional, no puede ser otra cosa que el puro imperio de la fuerza; un pequeño grupo imponiendo al resto los niveles de vida y ocupaciones que los planificadores consideran deseables para los demás. Si hay algo cierto, es que el Grossraumwirtschft de la especie que han pretendido los alemanes sólo puede realizarlo con éxito una raza de amos, un Herrenvolk, imponiendo brutalmente a los demás sus fines y sus ideas.

La planificación de esta clase tiene necesariamente que comenzar por fijar un orden de preferencia para los diferentes objetivos. Planificar para la deliberada igualación de los niveles de vida significa que han de ordenarse las diferentes pretensiones con arreglo a sus méritos, que unos tienen que dar preferencia a otros y que aquéllos deben aguardar su turno, aunque quienes se ven así preteridos pueden estar convencidos, no sólo de su mejor derecho, sino también de su capacidad para alcanzar antes su objetivo sólo con que se les concediera libertad para actuar con arreglo a sus propios proyectos. No existe base que nos consienta decidir si las pretensiones del campesino rumano pobre son más o menos urgentes que las del todavía más pobre albanés, o si las necesidades del pastor de las montañas eslovacas son mayores que las de su compañero esloveno. Pero si la elevación de sus niveles de vida ha de efectuarse de acuerdo con un plan unitario, alguien tiene que contrapesar deliberadamente los merecimientos de todas estas pretensiones y decidir entre ellas. Una vez en ejecución este plan, todos los recursos del área planificada tienen que estar al servicio de aquél; y no puede haber excepción para quienes sienten que podrían hacerlo mejor por sí mismos. Si sus pretensiones han recibido un puesto inferior, tendrán que trabajar ellos para satisfacer con anterioridad las necesidades de quienes lograron preferencia.

Aunque, sin duda, hay muchas personas que creen honradamente que si se les permitiera encargarse de la tarea serían capaces de resolver todos estos problemas de un modo justo e imparcial, y que se sorprenderían de verdad al descubrir sospechas y odios volviéndose contra ellas, éstas serían, probablemente, las primeras en aplicar la fuerza cuando aquellos a quienes se proponían beneficiar mostrasen resistencia, y las que actuarían con la mayor dureza para obligar a la gente a hacer lo que se presuponía era su propio interés. Lo que estos peligrosos idealistas no ven es que cuando asumir una responsabilidad moral supone recurrir a la fuerza para hacer que los propios criterios morales prevalezcan sobre los dominantes en otros países, al aceptar esta responsabilidad pueden colocarse en una situación que les impida una actuación moral.

Asistamos por todos los medios posibles a los pueblos más pobres, en sus propios esfuerzos para rehacer sus vidas y elevar su nivel. Un organismo internacional puede ser muy recto y contribuir enormemente a la prosperidad económica si se limita a mantener el orden y a crear las condiciones en que la gente pueda desarrollar su propia vida; pero es imposible que sea recto o consienta a la gente vivir su propia vida si este organismo distribuye las materias primas y asigna mercados, si todo esfuerzo espontáneo ha de ser «aprobado» y nada puede hacerse sin la sanción de la autoridad central.

Basta considerar seriamente todas las consecuencias de unos proyectos al parecer tan inocentes como el control y distribución de la oferta de las materias primas esenciales, muy aceptados como base fundamental del futuro orden económico, para ver qué aterradoras dificultades políticas y peligros morales crearían. El interventor de la oferta de una materia prima tal como el petróleo o la madera, el caucho o el estaño, sería el dueño de la suerte de industrias y países enteros. Al decidir el consentimiento de un aumento de la oferta y una reducción del precio y de la renta de los productores, decidiría si permitir el nacimiento de alguna nueva industria en algún país o impedirlo. Dedicado a «proteger» los niveles de vida de aquellos a quienes considera como especialmente encomendados a su cuidado, privaría de su mejor y quizá única posibilidad de prosperar a muchos que están en una posición más desfavorable. Si todas las materias primas esenciales fueran así controladas, no habría, ciertamente, nueva industria ni nueva aventura en la que pudieran embarcarse las gentes de un país sin el permiso de los controladores, ni plan de desarrollo o mejora que no pudiera ser frustrado por su veto. Lo mismo es cierto de todo acuerdo internacional para la «distribución» de los mercados y aún más del control de las inversiones y de la explotación de los recursos naturales.

Lo que hay, evidentemente, en el fondo del pensamiento de los no del todo cándidos «realistas» que defienden estos proyectos es que las grandes potencias no estarán dispuestas a someterse a una autoridad superior, pero estarán en condiciones de emplear estas instituciones «internacionales» para imponer su voluntad a las pequeñas naciones dentro del área en que ejerzan su hegemonía. Hay tanto «realismo» en ello, que, efectivamente, enmascarando así como «internacionales» a las instituciones planificadoras, pudiera ser más fácil lograr la única condición que hace practicable la planificación internacional, a saber: que la realice, en realidad, una sola potencia predominante. Este disfraz no alteraría, sin embargo, el hecho de significar para todos los Estados pequeños una sujeción mucho más completa a una potencia exterior, contra la que no sería ya posible una resistencia real, sujeción que traería consigo la renuncia a una parte claramente definible de la soberanía política. Pero esto no significa que sea menester dar a un nuevo superestado poderes que no hemos sabido usar inteligentemente ni siquiera en una escala nacional; no significa que se dé poder a una institución internacional para dirigir a las diversas naciones en el uso de sus recursos. Significa solamente que debe existir un poder que pueda prohibir a las diferentes naciones una acción dañosa para sus vecinas; significa la existencia de un conjunto de normas que definan lo que un Estado puede hacer y una institución capaz de hacer cumplir estas normas. Los poderes que tal institución necesita son, principalmente, de carácter prohibitivo; tiene que estar, sobre todo, en condiciones de poder decir «no» a toda clase de medidas restrictivas.

Lo que necesitamos y cabe alcanzar no es un mayor poder en manos de irresponsables instituciones económicas internacionales, sino, por el contrario, un poder político superior que pueda mantener a raya los intereses económicos y que, ante un conflicto entre ellos, pueda, verdaderamente, mantener un equilibrio, porque él mismo no está mezclado en el juego económico. Lo que se necesita es un organismo político internacional que, careciendo de poder para decidir lo que los diferentes pueblos tienen que hacer, sea capaz de impedirles toda acción que pueda perjudicar a otros.

La forma de gobierno internacional que permite transferir a un organismo internacional ciertos poderes estrictamente definidos,mientras en todo lo demás cada país conserva la responsabilidad de sus asuntos interiores, es, ciertamente, la federación. El federalismo no es, por lo demás, otra cosa que la aplicación de la democracia a los asuntos internacionales, el único medio de intercambio pacífico que el hombre ha inventado hasta ahora. Pero es una democracia con poderes estrictamente limitados. Aparte del ideal, más impracticable, de fundir diferentes países en un solo Estado centralizado, cuya conveniencia está lejos de ser evidente, es el único camino por el que puede convertirse en realidad el ideal del Derecho internacional.

Conviene recordar que la idea de un mundo que, al fin, encuentra la paz mediante un proceso de absorción de los Estados separados, para formar grandes grupos federados y, por último, quizá, una sola federación, lejos de ser nueva, fue, sin duda, el ideal de casi todos los pensadores liberales del siglo XIX.  Desde Tennyson, a cuya visión, tantas veces citada, de la «batalla del aire» sigue la de una federación de los pueblos que vendría tras su última gran lucha, y hasta el final del siglo, la esperanza del inmediato gran paso en el avance de la civilización se cifró, una vez tras otra, en el logro último de una organización federal.  Los liberales del siglo XIX pueden no haber tenido plena conciencia de cuán esencial complemento de sus principios era una organización federal de los diversos Estados, pero fueron pocos los que no expresaron su creencia en ella como un objetivo último. Sólo al aproximarse nuestro siglo XX, ante la triunfante ascensión de la Realpolitik, empezaron a considerarse impracticables y utópicas estas esperanzas.

No podemos reconstruir la civilización a una escala aumentada. No es un accidente que, en conjunto, se encuentre más belleza y dignidad en la vida de las naciones pequeñas y que, entre las grandes, haya más felicidad y contento en la medida en que evitaron la mortal plaga de la centralización. Difícilmente preservaremos la democracia o fomentaremos su desarrollo si todo el poder y la mayoría de las decisiones importantes corresponden a una organización demasiado grande para que el hombre común la pueda comprender o vigilar. En ninguna parte ha funcionado bien, hasta ahora, la democracia sin una gran proporción de autonomía local, que sirve de escuela de entrenamiento político, para el pueblo entero tanto como para sus futuros dirigentes. Sólo donde la responsabilidad puede aprenderse y practicarse en asuntos que son familiares a la mayoría de las personas, donde lo que guía la acción es el íntimo conocimiento del vecino más que un saber teórico sobre las necesidades de otras gentes, puede realmente el hombre común tomar parte en los negocios públicos, porque éstos conciernen al mundo que él conoce. Cuando el objetivo de las medidas políticas llega a ser tan amplio que el conocimiento necesario lo posee casi exclusivamente la burocracia, decaen los impulsos creadores de las personas particulares. Una institución internacional que limite eficazmente los poderes del Estado sobre el individuo será una de las mayores garantías de la paz. El Estado de Derecho internacional tiene que llegar a ser la salvaguarda tanto contra la tiranía del Estado sobre el individuo como contra la tiranía del nuevo superestado sobre las comunidades nacionales. Nuestro objetivo no puede ser ni un superestado omnipotente, ni una floja asociación de «naciones libres», sino una comunidad de naciones de hombres libres.

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