Juan J. Molina

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Juan J. Molina

domingo, 2 de septiembre de 2012

El nuevo modelo sueco



La gran crisis de comienzos de los años 90 fue el punto de partida de una búsqueda por reconstruir el modelo de Estado de bienestar, entendiendo que para hacer sostenible un alto nivel de solidaridad social y responsabilidad pública había que replantear las bases mismas sobre las que se había construido ese Estado. Para ello Suecia emprendió, con un fuerte consenso político de fondo en cuanto a la necesidad y la dirección de las reformas, una profunda reconstrucción de su Estado de bienestar que lo hace hoy un verdadero pionero en Europa, particularmente por sus avances en integrar un muy alto nivel de responsabilidad pública por el bienestar de su pueblo con una amplia libertad ciudadana de elección y la incorporación plena del empresariado, el pluralismo y la competencia en la provisión de los servicios públicos del bienestar.
El cambio realizado puede ser resumido en tres rúbricas:
  • De la gestión pública a la responsabilidad pública
  • Del monopolio al pluralismo
  • De la asignación administrativa a la libertad de elección
El viejo Estado benefactor de Suecia se caracterizaba por darle a los ciudadanos un tipo de bienestar muy amplio pero sobre el cual los mismos tenían muy poca influencia directa y aún menos libertad de elección. Este Estado gestionaba directamente y de manera monopolista los servicios que asignaba a los ciudadanos buscando “darles a todos lo mismo”. El nuevo Estado de bienestar, que surge de las reformas modernizadoras iniciadas en los años 90, afirma la responsabilidad pública en vez de la gestión pública, el pluralismo en vez del monopolio y la libertad de elección en vez de la asignación administrativa. Estos son los principios que, por ejemplo, han regido las amplias reformas del sector público educativo y de la sanidad, afirmado una gran responsabilidad pública en cuanto a que nadie le falte una educación o sanidad digna y de calidad pero no en detrimento de la pluralidad de proveedores o de la libertad de elección ciudadana. Lo que de esta manera se ha entendido es que nada tiene que ver el garantizar el acceso de todos a ciertos servicios como la educación y la sanidad con el hecho de que sea el sector público quien directamente los gestione.

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