PRESTACIONES SOCIALES
Antes he propuesto la creación de
un Mínimo de Subsistencia Rembolsable en vez de una Renta Básica, ahora,
explicaré por qué me parece más viable el Mínimo de Subsistencia y por qué la
renta básica presenta problemas muy graves
“La
persona es realmente libre en oposición precisamente a ser formalmente libre,
en la medida en que se poseen los medios, no solo el derecho para hacer
cualquier cosa que uno pudiera querer hacer”
P. Van Parijs
La cuestión de la renta básica RB
es uno de los puntos más interesantes y controvertidos. Tiene tantos
detractores como admiradores. Desde el primer momento, hemos defendido en esta
propuesta que el Estado debe proporcionar unos mínimos a aquellos ciudadanos
que no puedan alcanzarlos por sus propios medios. ¿Pero cómo hacerlo? Una forma
de hacerlo es el sistema de Impuestos y Tasas Progresivos y Generalizados que permite acceder a los
servicios públicos a coste cero para los ciudadanos insolventes y a un coste
personalizado según capacidad económica para el resto. Sin embargo, esto sirve
para los servicios básicos como la educación, sanidad, transporte y
demás servicios desempeñados por
la administración. Pero existen otras necesidades que el Estado no puede
satisfacer tan fácilmente como son la vivienda, la comida, el vestir, los
gastos corrientes o la jubilación y las bajas laborales que suponen (sobre todo
la jubilación) unos gastos imprevisibles y crecientes. Para estas contingencias
algunos proponen la RB cuyas características son:
La Renta Básica consiste en el
derecho que tiene cada ciudadano a percibir una cantidad periódica para cubrir
sus necesidades materiales, sin ninguna condición que lo limite. Es decir, únicamente
por el mero hecho de nacer, por la singular razón de existir, la sociedad está
obligada a proporcionar a cada ser humano los medios materiales que garanticen
el bienestar social que necesita para sobrevivir con dignidad, este derecho
corresponde:
• A
cada persona individualmente.
• Independientemente
de cualquier otro ingreso que reciba.
• Sin
necesidad de tener un empleo asalariado, haber Estado empleado anteriormente,
ni tampoco a estar obligado a aceptar un empleo si le fuese ofrecido.
Existen otras variantes, como el
Impuesto negativo de la renta INR, que es un crédito impositivo uniforme y
rembolsable, que, mediante la política impositiva, garantiza un nivel mínimo de
ingresos. Si resulta que en la declaración de ingresos se supera ese mínimo,
deben pagarse los impuestos correspondientes; si, por el contrario, no se
supera aquel mínimo o se carece de ingresos, el Estado abona la diferencia
hasta alcanzar el mínimo estipulado.
Las Rentas Mínimas de Inserción
(RMI), las cuales, por ejemplo, en el reino de España, son pagadas por las
Comunidades Autónomas, y en la República Francesa, son ofrecidas por la
administración central. Las RMI tienen como finalidad, según sus defensores, el
desarrollo coordinado de las acciones destinadas a ayudar a personas que no
disponen de los medios económicos suficientes para atender a las necesidades
básicas y prepararlas para su inserción o reinserción social y laboral.
Comprende acciones de prestación de servicios sociales, prestaciones económicas
y apoyo personal para la integración social y laboral.
A diferencia de estas dos, la RB
es universal ya que toda la población tiene derecho a ella (incluidos los
menores de edad). La suma a percibir es la misma para todos. La cuantía por
persona es igual a la definida como umbral de pobreza. Sustituye a casi todas
las demás prestaciones sociales en vigor: desempleo, jubilación, subvenciones,
becas, ayudas, etc.
Entre sus ventajas destacan que
evita costes burocráticos ya que desaparecen la mayoría de trámites
burocráticos y controles de las prestaciones actuales. No supone un aumento del
control de los
ciudadanos por parte del Estado.
Erradica la pobreza económica al dar un margen de seguridad económica a los
ciudadanos. Al refundir todas las prestaciones sociales permitiría eliminar el
estigma del parado y su correspondiente subsidio, el estigma de la vejez y su
correspondiente pensión; el estigma de la pobreza y sus correspondientes
limosnas, públicas y privadas.
Entre sus desventajas, según sus
detractores, destacaríamos unos costes
de financiación inasumibles y una fiscalidad abusiva. Desmoronamiento del
sistema laboral con salarios altísimos, ya que nadie trabajaría si no es por
una cantidad tentadora y, como consecuencia, llamada de oleadas de inmigrantes
de los países subdesarrollados para ocupar los puestos de trabajo vacíos por
falta de atractivo para los trabajadores locales. Pérdida de competitividad de
las empresas por los costes laborales en los trabajos muy cualificados.
Inflación de precios por aumento de demanda en el consumo. Bolsas de población
parasitaria que vivirían del sistema sin dar un palo al agua.
Por encima de ventajas y
desventajas, la pregunta crucial sería ¿es viable económicamente y que
consecuencias produciría en la sociedad? Vamos a intentar analizar los pros y
los contras y finalmente emitir una propuesta.
En el hipotético caso de que se
estableciera una RB de 1500€ para cada ciudadano español, la suma supondría
(con una cifra de 47.000.000 de habitantes) 846.000.000.000 M €. anuales. El Estado tendría que absorber más del 60% dep PIB del país solo para cubrir esa partida, además quedan todas las demás, sanidad, educación, justicia, infraestructuras, seguridad, política exterior, etc..
Este ensayo teórico solo ha sido
un ejemplo con cifras más o menos aproximadas a la realidad pero que clarifican
bastante la idea de que la RB no es solo un problema económico sino de índole
socio político.
El primer gran problema radica en
la línea roja de la ventanilla de cobro. ¿Quién tendría derecho a RB? Por supuesto,
los nacionales, pero ¿y los residentes legales que trabajan en el país? ¿Hasta cuándo
podríamos retrasar su cobro de RB? ¿Y los hijos de los inmigrantes ilegales?
¿Cómo pararíamos la llegada de más y más gentes al cobijo de un sistema tan
benefactor? Otro problema sería el que se produciría en el sistema laboral, pues
las reglas de juego cambiarían cualitativamente. Los trabajadores locales ya no
tendrían la necesidad imperiosa de trabajar para subsistir, por lo tanto, solo
desempeñarían aquellos trabajos que fueran atractivos para ellos tanto en la
actividad como en la remuneración. Todos los trabajos duros, poco atractivos o considerados
como de baja calidad tendrían que ser desempeñados por trabajadores extranjeros
que no tendrían derecho a la RB, y cuyos salarios estarían casi siempre por
debajo de esa renta básica. El sistema traería consigo la venida de oleadas de
inmigrantes que cubrirían los puestos de trabajo abandonados por los locales. Esos
inmigrantes tendrían hijos y esos hijos sí tendrían derecho a una RB, con lo
cual el sistema podría llegar a colapsar. Para poder subsistir, un sistema de
RB necesita de enormes bolsas de trabajadores provenientes de países pobres que
desempeñen las tareas ingratas. Las diferencias entre una parte de la sociedad
subsidiada y rica y otra pobre podrían llegar a ser enormes y traer,
finalmente, conflictos sociales.
Tampoco hemos de obviar, porque
ya lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, el hecho de que una sociedad
subsidiada tiende a anquilosarse. Las comunidades más subsidiadas, como
Andalucía o Extremadura, ocupan los primeros puestos en paro, pobreza, falta de
iniciativas empresariales, y aparejado a todo ello, los mayores índices de
endeudamiento estatal. La gente se acomoda a un nivel de vida y pierde
alicientes por mejorar su posición en el escalafón social, algo así como el
viejo refrán de “aquí me las den todas” o mejor todavía, “señor no me des nada,
pero ponme donde haya”. Prácticamente sería imposible evitar que una parte de
la sociedad viviera de forma parasitaria de otra parte más activa o
emprendedora, lo que al final, podría llevar a desincentivar a estos últimos
que verían como parte de su esfuerzo era dilapidado por una masa de ciudadanos
acomodados que no aportan pero sí consumen.
Otro aspecto importante es la
posible pérdida de competitividad de las empresas, sobre todo en los empleos
más cualificados, ya que las remuneraciones de los trabajadores muy
cualificados y, también, de los menos tendrían que ser lo suficientemente
elevadas como para que fueran atractivas. Esto podría ser compensado por las
empresas con la contratación de extranjeros lo cual sumiría a los locales en
una espiral de inactividad, ya que siempre será más barato contratar a alguien
con necesidades económicas que a una persona desahogada económicamente.
La inflación será, sin duda, una
consecuencia inevitable de este sistema. Al disponer de liquidez se disparará
la demanda y con ella una posible falta de suministros en el mercado. Si hay
mucha demanda, suben los precios; si baja la demanda, bajan los precios. Al
final, la inflación siempre termina en la misma ecuación, nuestro dinero vale
menos y por tanto nuestro poder adquisitivo baja.
Un tipo de renta de estas
características necesita una fuente de riqueza muy estable y fuerte como algún
tipo de recurso natural muy valorado en el mercado: petróleo, gas, minerales,
etc, que permita a la economía del país no estar sujeta a la volatilidad del
mercado. Y lo más importante, que permitiera sufragar su elevado coste.
Por último, la llegada de
población inmigrante para cubrir el mercado laboral supondrá un aumento
considerable de la población, lo que a su vez significa más gasto social, ya
que habrá que cubrir las necesidades sanitarias de escolarización, de
dependencia, de pobreza, etc. que dicho aumento
demográfico conllevaría. Ese
gasto social aumentaría la presión fiscal sobre la sociedad subsidiada y, sobre
todo, sobre la parte de la sociedad más activa y productiva lo que
desincentivaría a muchas personas que no verían recompensado adecuadamente su
esfuerzo fiscal mientras otros viven a la sopa boba.
Todas las atractivas ventajas de
un sistema de renta básica, como la simplificación de las políticas de
seguridad social, la mayor libertad individual que proviene de tener una
seguridad económica y la simplificación de la burocracia estatal, se topan de
frente con una serie de problemas tanto económicos como políticos y sociales
que nos hacen dudar de la viabilidad de un sistema de tales características.
Existen ejemplos de RB en algunos
países como en Alaska donde todos los residentes, que acrediten una estancia no
menor a seis meses, tienen derecho a una paga proveniente de la explotación de
los yacimientos de petróleo de la zona. En la actualidad tienen derecho a dicha
paga unos 700.000 ciudadanos y ronda los 2000 dólares anuales.
Tan solo en algunos emiratos
árabes como Qatar existe algo parecido a una renta básica de calidad. Sus
ciudadanos, prácticamente, no pagan impuestos y tienen acceso gratuito a todos
los servicios como sanidad, educación, casa, etc. Pero todo esto se produce
gracias a una fuente enorme de riqueza, el gas
y el petróleo de los que tienen
reservas enormes, por lo que su economía no está sujeta a los vaivenes del
comercio y sus consiguientes crisis. Qatar es un Estado pequeño, más o menos
del tamaño de la región de Murcia y con trescientos mil habitantes Qataríes que
tienen derecho a todo mientras que los extranjeros residentes (que son el 85%
de la población) están sometidos al clientelazgo (como en la mayor parte de los
países vecinos, si no en todos) por el que los trabajadores extranjeros están
bajo la tutela de un ciudadano qatarí. Este sistema oscila entre una especie de
vasallaje simbólico y algo muy parecido a la esclavitud: carecen de derechos y
nunca podrán alcanzar la nacionalidad qatarí, ni ellos, ni sus hijos nacidos en
Qatar. Se produce el problema que yo apuntaba antes, este tipo de sociedades
subsidiadas necesitan una bolsa de población obrera que no pueda nunca acceder
a sus privilegios y que actúe como las obreras de una colmena alrededor de la
abeja reina. En este caso representada por los ciudadanos qataríes. Además,
como hemos podido comprobar en los dos ejemplos anteriores, dicha renta
proviene de una fuente de riqueza enorme y natural que no está sujeta a los
vaivenes de la economía.
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