Juan J. Molina

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miércoles, 6 de noviembre de 2013

Por qué habría que cerrar todas las televisiones públicas, por Juan Ramón Rallo

Rtvv1
Imagen: RTVVImagen del presentador de NOU anunciando la decisión de la Generalitat Valenciana.


El cierre de Canal 9 debería escandalizar al ciudadano: no porque las administraciones públicas se desprendan de un mecanismo para manipular a las masas, sino porque la clausura haya tardado casi 25 años en producirse. A estas alturas del s. XXI, con la diversidad de fuentes de información que disponemos –en su mayoría gratuitas para el usuario– resulta inaudito que se siguiera coaccionando a los valencianos a pagar por un medio de comunicación: en este caso, la “cuota” obligatoria media era de 25 euros anuales más una deuda acumulada de 235 euros por ciudadano (o una cuota media de 70 euros por ocupado más de una deuda de 675 euros).
Al final, eso sí, el cierre no ha venido motivado por convicción política de que el contribuyente no debe ser atracado por ningún motivo –convicción ausente en el PP–, sino por la imposibilidad material de que una administración al borde de la insolvencia siguiera financiando la muy deficitaria Radiotelevisión Valenciana. Mas, desde luego, no hay mal que por bien no venga.
Evidentemente, el comentario a propósito de Canal 9 resulta extensible a todos los medios de comunicación públicos: no hay ninguna razón que justifique coaccionar a los ciudadanos para sufragarlos. La lógica económica más elemental nos indica que un bien o servicio se ha de producir cuando el valor que le asignan sus consumidores supera el valor que asignan esos consumidores a los otros bienes o servicios (coste de oportunidad).
Expresado de otra forma: si hemos de elegir entre A y B y valoramos B más que A, sería absurdo producir A. Si los ciudadanos desean ver un canal de televisión con más ansias que recibir otra serie de servicios, el canal de televisión será rentable y algún empresario perspicaz lo promoverá en un mercado libre sin necesidad alguna de que los políticos fuercen a los ciudadanos a pagarlo. Si, en cambio, los ciudadanos prefieren recibir otros bienes y servicios con prioridad sobre la televisión pública, no existirá motivo alguno para que los gobiernos nos fuercen a pagar aquello que no queremos.
¿O sí? A lo largo de las últimas décadas, se ha ido desarrollando todo un argumentario dirigido a justificar la necesidad de que los Estados sí roben a sus ciudadanos para costear medios de comunicación estatales y, muy en concreto, televisiones públicas. Merece la pena, pues, repasar los razonamientos más extendidos para comprobar si poseen algún gramo de verosimilitud. Sin televisión pública no habría televisión
El primero sostiene que sin financiación estatal no podría haber televisiones. Aunque parezca una chorrada –pues la evidencia empírica en su contra es abundantísima–, fue un argumento muy manido durante el nacimiento de la industria. El razonamiento básico es que la televisión es un caso de lo que se conoce en la literatura económica como “bien público”, es decir, un bien donde no era posible excluir al usuario que no paga (no excluibilidad) y cuyo consumo por parte de un individuo no reduce el consumo que puede efectuar otro individuo de ese mismo bien (consumo no rival). 
En realidad, la televisión nunca fue un bien público, pues la televisión de pago o por suscripción hizo su aparición de manera muy temprana, permitiendo técnicamente la exclusión del gorrón. Pero, además, los empresarios del sector encontraron una forma mucho más sencilla de no excluir a ningún televidente y aun así financiar sus servicios: la publicidad. La lógica era y sigue siendo sencilla: si los medios de comunicación ofrecen aquello que la gente quiere ver, conseguirán altas audiencias y las empresas privadas les pagarán por insertar sus cuñas publicitarias. En la actualidad, ambos modelos de negocio (televisión comercial y televisión por suscripción) subsisten, lo que claramente demuestra que sin financiación estatal, sí es posible –y bien posible– que haya televisión.
Sin televisión pública no habría ninguna televisión de calidad
De ahí que los defensores de los medios públicos dieran un salto cualitativo: la televisión que no existiría sin la ayuda estatal es una televisión de calidad. El ejemplo preferido de quienes se adhieren a este razonamiento es la BBC: un caso claro que puede hacerse buena televisión aun desde el sector público. En verdad el caso de la BBC es algo más complejo de lo que suele relatarse: el 75% de los ingresos de la BBC proceden de un canon anual de unas 145 libras que se abona por visualizar o grabar desde cualquier dispositivo las emisiones televisivas en directo. Por tanto, ya de entrada quien no ve o no graba la televisión en directo, no paga la BBC. Además, existen casos de exenciones totales o parciales al canon: los ciegos solo pagan la mitad del canon (porque se entiende que sólo disfrutarán en parte la BBC), las personas mayores de 75 años no lo pagan (pues se entiende que su esperanza de vida no será, como media, mucho mayor y no podrán disfrutar de la BBC), los hoteles lo pagan en función del número de habitaciones, etc. Si nos fijamos, el canon intenta ser una (bastante mala) aproximación al principio de mercado: quien valora el servicio debe cubrir su coste directa (suscripción) o indirectamente (tiempo consumido en ver la publicidad). La cuestión es por qué nos hemos de conformar con una aproximación cutre y parcial al muy razonable principio de un mercado televisivo libre: canales privados y que pague quien quiera ver el canal.
Pero abstraigámonos del caso concreto de la BBC: ¿no es razonable que el Estado sufrague una televisión pública de calidad? Y aquí debemos repetir lo ya enunciado: si los espectadores desean ver programas de calidad, los empresarios de la telecomunicación que aspiren a tener audiencia y obtener ingresos publicitarios (o ingresos por suscripción) tendrán que ofrecer programación que los ciudadanos reputen de calidad. Evidentemente, uno podría argumentar que los gustos culturales de la población son tan diversos y están tan fragmentados que ninguna televisión cultural podría alcanzar el umbral de rentabilidad. Pero, de nuevo, esto es falso: la globalización ha permitido incrementar tanto las audiencias mundiales de una canal de televisión (su programación se puede emitir o comercializar por todo el mundo), que incluso los gustos más estrafalarios pueden encontrar su nicho de mercado. Hoy, en la TDT, podemos disfrutar de multitud de canales temáticos con los programas más extravagantemente específicos que uno puede llegar a concebir. 

Sin televisión pública no se reeducaría a la población

Frente a este último razonamiento se esbozan, empero, dos contrarréplicas que en realidad son la misma: por un lado, se sostiene que la televisión pública tiene el cometido de promover la lengua o la cultura de un pequeño territorio, por lo que, por definición, no puede comercializarse a escala internacional y alcanzar el umbral de rentabilidad; por otro, y quizá más importante, se insiste en que la televisión privada no ofrece programas de calidad, sino telebasura. Este último argumento es, en parte, tramposo, porque parece estar sugiriendo que, mientras la gente desea ver una programación de calidad, el sector privado insiste en ofrecerle estiércol televisivo: pero no, las televisiones emiten exactamente lo que la mayoría de la gente desea ver. Por suerte o por desgracia, si las televisiones ofrecen telebasura es porque la gente demanda telebasura: cuando uno muestra su insatisfacción con el nivel de calidad de las televisiones privadas sólo está mostrando su descontento con el nivel de calidad televisiva que demanda la ciudadanía. Así pues, ambos motivos convergen en uno solo: la televisión pública debe servir para reeducar a los ciudadanos (ofrecerles programación sobre temáticas por las que naturalmente no estarían dispuestos a pagar). 
El argumento puede tener su aparente lógica, pero sigue sin ser suficiente para justificar la financiación coactiva de una televisión. Primero, porque si un grupo de personas quiere reeducar a sus compatriotas, lo que debe hacer es recaudar por sí solo los fondos necesarios y montar su propio canal temático: si el sector estuviera liberalizado (como debería estarlo), montar una televisión sería muy asequible, como ilustra le legión de televisiones locales que había por toda España hasta que el apagón analógico las cerró. Una televisión que se limite a transmitir ciertos valores o cierta cultura no requiere de superproducciones carísimas y puede financiarse por aquellas fundaciones privadas verdaderamente interesadas en divulgar ese contenido cultural o ideológico: el caso de las televisiones de telepredicadores es bastante ilustrativo. Segundo porque, aun cuando un canal público ofrezca programación “de calidad”, la gente simplemente puede escoger no verla: si desde el comienzo los ciudadanos no deseaban visionarla (de ahí que ningún empresario se lanzara a la aventura), ¿por qué deben comenzar a hacerlo por el hecho de que el canal sea público? La gente puede simplemente seguir refugiándose en la telebasura, resistiéndose a ser “reeducada”: muy en línea con lo que sucede con la telebasura en España con respecto a los excelentes documentales de TVE2. Tercero, porque la ‘calidad’ hacia la que se deba reeducar a la gente es un concepto bastante subjetivo: ¿los Juegos Olímpicos (o el deporte) son televisión de calidad? ¿Los documentales de animales son televisión de calidad? ¿Una serie como Breaking Bad o Juegos de Tronos es televisión de calidad? ¿El cine español es televisión de calidad? ¿Un programa sobre nuevas tecnologías, widgets y gadgets es televisión de calidad? Cada cual tiene su propio concepto de calidad y lo que unos aclaman como un logro cultural otros lo detestan como un atentado contra la cultura. No tiene, pues, mucho sentido que me obliguen a pagar por unos programas que son otros quienes juzgan de calidad: quienes hoy reclaman una televisión pública de calidad para educar a las masas simplemente quieren que sean esas masas las que les subvencionen lo que ellos entienden por calidad; es decir, desean no soportar en solitario el coste de la televisión que solo a ellos les gusta.
Pero, además, existe un último e inquietante argumento en contra de financiar televisiones públicas que busquen reeducar a las masas: la línea entre reeducación y adoctrinamiento es extremadamente delgada, sobre todo cuando la televisión se halla en manos de los poderes públicos. ¿Debemos confiar a unos políticos, ansiosos por mantenerse en el poder manipulando a los votantes, el deber de reeducar a las masas a costa de esas masas? Contamos con suficiente experiencia al respecto en países totalitarios o autoritarios (incluso en países democráticos) como para desconfiar de la conveniencia de esa medida. Aunque, derivado de este último argumento, aparece otro: necesitamos una televisión pública que sea verdaderamente independiente, tanto del poder político como de los intereses económicos… y solo el Estado –con las suficientes garantías constitucionales– puede proporcionarla.
Sin televisión pública no habría ninguna televisión independiente
Y, otra vez, nos encontramos con un razonamiento problemático. Primero porque se confunde independencia con objetividad: que una televisión sea independiente (regentada por funcionarios inamovibles, por ejemplo) no implica que sea objetiva; si los trabajadores tienen un sesgo ideológico –y todos lo tienen… en un sentido o en otro–, la información que transmitirán estará filtrada por ese sesgo. En otras palabras, puede que sea posible crear una televisión independiente de los intereses de empresarios y políticos, pero no es posible crear una televisión independiente… de los intereses de sus trabajadores. ¿Por qué los contribuyentes hemos de concederles a ese grupo de trabajadores/funcionarios el privilegio de hacer la televisión que a ellos les guste al margen de lo que a los contribuyentes les agrade? Segundo, porque lo realmente importante no es que un medio sea objetivo, sino que los televidentes sean conscientes de que no es objetivo: es decir, que duden de todo lo que escuchen por saber que toda la información que les llega ha sido previamente maquetada a gusto del emisor. Crear la sensación de objetividad e independencia cuando no existe (ni puede existir) tal objetividad e independencia supone anestesiar el pensamiento crítico de los espectadores y empujarles a que se plieguen al mensaje “oficial” de la televisión pública. Y, tercero, hoy en día ya disponemos de más fuentes para contrastar, comparar y refutar la información que tiempo material para consultarlas todas (incluso para consultar sólo una de ellas, como Twitter): si a una persona no le gusta un medio, solo tiene que cambiar de canal y buscar otras fuentes que le merezcan más confianza. Pretender encapsular la revolución informativa de las últimas décadas en un boletín oficialista que resuma “la verdad objetiva” no sólo es anacrónico y peligroso, sino un fracaso garantizado.
Sin televisión pública habría más desempleo
Por último, y descartados los razonamientos anteriores a favor de una televisión pública, el último argumento que permanece es aquel que demuestra la falta total de argumentos: es necesario mantener las televisiones públicas para no destruir sus puestos de trabajo. Desde luego, no es un motivo cuantitativamente menudo –Canal 9, por ejemplo, tiene una plantilla de 1.800 trabajadores, por encima de las televisiones privadas nacionales como Telecinco o Antena 3–, pero sí es un mal motivo: los servicios se producen para el bienestar del consumidor, no para el bienestar del productor. Si el coste del servicio supera la utilidad que le atribuye el consumidor, los trabajadores que lo fabrican deben dedicarse a otras cosas: justamente, a esas otras cosas que, por obligar a los contribuyentes a sufragar la televisión pública, no pueden demandar y consumir.
En definitiva, no existe ni un solo motivo razonable para mantener abierta ninguna televisión pública. Si los ciudadanos las demandan, no será difícil que algún empresario (o los propios trabajadores del canal público organizándose en cooperativas y arriesgando su patrimonio) retome el proyecto con financiación privada y voluntaria (sin carga para los contribuyentes); y si los ciudadanos no las demandan, es obvio que no tienen que sufragarlas coactivamente. No sólo Canal 9 debe cerrar: sino todas y cada una de nuestras televisiones estatales.

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